Noticiero Estelar
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Ciudad de Panamá, Panamá/La Fiscalía Regional de Darién informó sobre la imposición de la medida de detención provisional para una persona acusada de blanqueo de capitales, delitos ambientales y contra la fe pública.
Por otro lado, otras tres personas deberán presentarse para notificarse los días 15 y 30 de cada mes, también acusadas de los mismos delitos, luego de que el Tribunal respaldara las medidas considerándolos presuntos autores y cómplices.
Durante la audiencia, los fiscales Yilenia Marín y José Luis Lorenzo, de la Sección Primera de Investigación y de Ambiente, presentaron argumentos para sustentar la solicitud de detención preventiva y el secuestro penal de 194,461.54 dólares para uno de los imputados de nacionalidad panameña.
Tres de los acusados están vinculados a delitos relacionados con el medio ambiente y el ordenamiento territorial, en la modalidad de tramitación, aprobación y cumplimiento urbanístico territorial. Asimismo, se les imputan delitos contra la fe pública y delitos contra el orden económico, específicamente en la modalidad de blanqueo de capitales.
Los hechos relacionados con el caso tuvieron lugar en Playa Venao, ubicado en el corregimiento de Jaqué, distrito de Chepigana, así como en la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) en Santa Fe, Darién. Estos sucesos se desarrollaron a lo largo de los años 2014, 2016 y de manera continua en 2021, 2022 y 2023.
De acuerdo con el Ministerio Público, estas personas por medio de la tramitación de expedientes simulaban posesión y uso de las tierras con fines agrícolas. Sin embargo, eran bosques naturales logrando la titulación de 35 predios que conformaban una superficie de al menos 1,500 hectáreas. Estos fueron vendidos a una persona extranjera que pagó por medio de transferencias internacionales a la cuenta de uno de los imputados, quien realizó el pago de los bienes adquiridos de forma ilícita.
A petición de la defensa de las víctimas, contando con el criterio del Ministerio Público, el Juez de Garantías, también otorgó medidas conservatorias para evitar la continuidad del delito y otros daños que se pudieran estar causando a las víctimas a consecuencia de trámites ilegítimos. Por tal motivo, se ordenó a la Anati suspender todos los trámites en los expedientes cuestionados.