Piden atacar la impunidad del delito tras presentación de informe sobre adolescentes embarazadas

La exministra de Desarrollo Social, Leonor Calderón, reaccionó al informe sobre los embarazos en adolescentes en Panamá, que le pone cifras a una situación que por mucho tiempo ha cargado con una especie de "indiferencia".

De acuerdo con Calderón, llama la atención el tema de la impunidad con relación a quienes cometen delitos sexuales.

Esto lo basa en que, si en Panamá, durante el año 2019 hubo 458 embarazos en menores de 10 a 14 años, “la lógica y el cumplimiento de las normas indican que deberían haber 458 investigaciones en curso”, porque cada uno de estos embarazos entre niñas pequeñas es un delito.

Sin embargo, señala que no está segura si existen estas investigaciones que deben ser de oficio y que ya en otros países de la región se ha logrado que sean mandatorios.

"En Panamá debe existir un formulario en donde los servicios de salud que tienen conocimiento de una menor de edad embarazada tienen que notificarlo; a veces hay mucha resistencia en hacerlo y ocurre con mayor frecuencia en las zonas más alejadas en las comarcas donde hay poca presencia de las autoridades", dijo.

Añadió que, “cuando llega una niña de 10, 12 años a un centro de salud con un embarazo su cuerpo es clara evidencia de que sobre ella se cometió un delito, pero no pasa nada”.

Calderón destacó que la clave para tomar acciones y no quedar al final con más cifras es la educación a los niños y sobre todo a las niñas.

“La experiencia está llena de datos estadísticos que demuestran que una educación oportuna, de acuerdo a la edad del niño o niña, informándole sobre la preservación de su cuerpo y cuando adolescente sobre la forma de prevenir embarazos o infecciones, no promueve más embarazos ni promiscuidad, los evita”, destaca.

Reiteró, que uno de los problemas a atacar inmediatamente es el de la impunidad del delito, pues muchos de los padres de los niños de estas adolescentes son mayores de edad, sin embargo, no pasa nada, hay total libertad para estas personas, “que son unos abusadores”, de poder tomar el cuerpo de una niña cuando les dé la gana.

Otras reacciones

Yésica Pinzón, directora del Programa Las Claras, que defiende los derechos de las menores embarazadas, resaltó que muchas de estas jóvenes han denunciado la vulnerabilidad de sus derechos.

En el programa Mesa de Periodistas, Pinzón indicó que, algunas de ellas han seguido una especie de ciclo que ha sido difícil de cortar; sus madres fueron madres adolescentes y sumidas en la pobreza, situación que se repite.

Demandan según Pinzón, el derecho a la educación y que no se les estigmatice. En este programa, se les da la oportunidad de educarse y tener oportunidades laborales.

Agrega que el proceso para brindar apoyo a estas adolescentes les cuesta cerca de 15 mil dólares.

“Esto nos afecta a todos, porque, si bien el informe arrojó que las mujeres adultas no se están embarazando y por el contrario son las adolescentes las que se embarazan, quiere decir que habrá una mayor cantidad de pobreza y que los hijos de los profesionales o personas de edad madura que tienen un poco de mayor adquisición, les tocará pagar más impuestos para solventar la situación económica futura del país”, reflexionó.

América Latina y el Caribe es la segunda región en el mundo con la tasa más alta de embarazo en la adolescencia. Según el Ministerio de Salud, Panamá reportó una tasa de 67.2 en adolescentes de 15 a 19 años, para el año 2019.