Las posibles implicaciones económicas en la derogación del contrato minero

Ciudad de Panamá/El economista, Ernesto Bazán, explicó los posibles escenarios y afectaciones económicas al país que implicaría la derogación del contrato minero.

Empezó detallando que los aportes de la minera al país, por la suma de $375 millones anuales, es una cantidad “muy poco significativa para todo lo que significa la operación minera”.

Bazán hizo una comparación de más o menos mil millones de dólares en planilla estatal, entre 2019 a la fecha. “Si la actual administración hubiese tenido un comportamiento austero, el país hubiese tenido el beneficio equivalente a tres operaciones de esta concesión minera, esto para ponerlos en contexto”.

El economista ve cuatro aristas: un conflicto social, un descontento generalizado que ha generado una máxima manifestación de la ciudadanía, hay un problema político donde los poderes del Estado se contradicen y un problema legal por la inconstitucionalidad o no de la ley. 

Escenarios de impacto económico

El primer escenario aparece en el contrato, explica Bazán, se encuentra en la cláusula 55, que establece que, si se logra comprobar que ha habido actos de corrupción en la firma y en el proceso del contrato, éste se da por terminado, los bienes quedan al Estado panameño y no tiene que indemnizar nada.

Un segundo escenario, sería el arbitraje internacional, donde Panamá tiene un tratado de Libre Comercio con Canadá, lo cual genera una jerarquía legal importante. Este arbitraje se llevaría a cabo en el caso de que, por ejemplo, se declare la inconstitucionalidad del contrato por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); pero, la empresa podría decir: "no estoy conforme con eso, hice una inversión y vamos al arbitraje".

Lo otro que podría darse, dijo Bazán, es que, existiese una aparente derogatoria del contrato ley, a través de otra ley, entonces, lo más probable es que Minera Panamá acuda a los mecanismos de arbitraje internacional.

Bajo estos mecanismos internacionales, no se puede saber a quién se le dará la razón, pero, en el peor de los casos, la estimación que hace Bazán, es que, si se le diera la razón al 100% a la compañía Minera Panamá, la indemnización sería de unos 10 a 12 mil millones de dólares. "Lo cual sería una gran injusticia para el Estado panameño y que tiene como grandes responsables a las personas que se encargaron de materializar este contrato, porque hace 10 días no había contrato".

Antes de tomarse una decisión, el economista explicó, que se hace un amplio análisis del contrato, porqué el Estado permitió la construcción de toda esa estructura sin tener contrato. Lo que estaría pidiendo la minera, es que, se le pague lo que se llama el lucro cesante, que no es más, que el dinero que ha dejado de percibir, como parte de las proyecciones estimadas en base a las reservas probables y probadas sobre el flujo de caja.

El tercer escenario se denomina, "rescate administrativo", aparece en la cláusula 49 del contrato, donde se establece que el Estado panameño unilateralmente puede resolver el contrato, para ello, se requiere una autorización del Consejo de Gabinete, pero se establece un mecanismo de valorización o pago, que sería más o menos parecido al arbitraje internacional, pero Panamá se queda con el 90% de la mina y con eso, se toma el control de supervisión, ambiental y económico.

La cuarta alternativa, es que el país, compre la operación completa de la mina con una oferta pública de adquisición y con eso se puede comprar libre de contingencia y eso ocurrió con los corredores. "De esta forma el país no se endeudaría; es decir, se tendría que formar un fidecomiso que emite una deuda y esa deuda se pagaría con las utilidades de la minera, pero eso significaría que la mina tendría que seguir operando".

"Lo que no deberíamos hacer es cometer el mismo error que ha cometido la administración Cortizo, que fue no escuchar la voz del pueblo, no se le preguntó a la sociedad si quería o no un país minero, eso no se debería volver a hacer", enfatizó el economista panameño, que considera que se le debe preguntar al país si quiere ser o no, un país minero.