¿Qué implica el cierre de operaciones comerciales de Minera Panamá?

La decisión del Gobierno con respecto a las negociaciones con Minera Panamá y la suspensión comercial de la empresa ha recibido el respaldo de algunos miembros de la sociedad civil que abogan para que se logre los mejores beneficios para el país, tanto en materia económica, como ambiental y laboral.

Uno de ellos es el abogado Rodrigo Noriega, quien manifestó que tras el acuerdo firmado entre las partes el pasado enero y el recién retroceso que hizo la empresa, el Gobierno entendió que se debe cumplir con la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia en el 2017, cuando declaró inconstitucional el contrato de concesión otorgado en 1996.

Para el abogado, hoy por hoy, las embajadas de Estados Unidos, China, Canadá, Corea del Sur y Alemania, que tienen intereses con el cobre panameño deben estar presionando al gobierno, aconsejándole al gobierno que no eche para atrás.

“Este es un momento de dignidad nacional, esto es casi como cuando los institutores fueron a la escuela de Balboa en 1964 y rompieron la bandera, este es un momento de unidad nacional, olvidémonos de Cortizo”, expresó.

Consideró que la decisión que tomó el Gobierno con Minera Panamá también se debió tomar con la concesión portuaria.

Lo que se espera ahora es que las acciones de la empresa bajen, y que esto la obligue a firmar el acuerdo con el gobierno y que se solucione en unos días.

Noriega explicó que lo que se suspende son las operaciones comerciales, más no las operacionales, o sea, que no se puede sacar los materiales que se extraen, porque es del Estado.

Sostuvo que de ahora en adelante debe haber presencia permanente del Estado en la mina en materia laboral, ambiental y minera.

Reconoce que lo preocupante es que Panamá es un Estado que no tiene capacidad para cuidar una operación minera, por lo que los funcionarios deberán tener presencia permanente e interactuar con los trabajadores, pero la minera es la que tiene que seguir velando por el bien de la operación, debido a esto, es importante lo que va a suceder en un futuro no lejano.

Indicó que, First Quantum tiene operaciones mineras en Australia, Zambia y otros países de Asia, pero es la mina de Panamá la que representa la mitad de las ganancias porque es la que menos cobra en regalías y no se paga impuestos, mientras que Zambia reclama 8 mil millones de impuesto.

Recordó que existen dos fallos de la Corte Suprema de Justicia en contra del contrato de concesión inicial, pero la clase política no los acataron, no lo publicaron en Gaceta Oficial.

Opciones de la minera

Noriega manifestó que esta podría ser la última página del Plan A del Gobierno, mientras que la minera tiene dos opciones: firmar el contrato o ir a un arbitraje, y en este último Panamá lleva todas las de ganar por una serie de incumplimiento y demás situaciones.

En tanto, el Plan B del Estado panameño debería ser llamar al Gobierno de Chile para consultarle y solicitarle especialistas que puedan ayudar al propio Gobierno a continuar con las operaciones, indicando que hasta se podría dar un acuerdo de operación compartida, ya que, Chile tiene la empresa minera más grande del mundo y es estatal.

“El Gobierno de Panamá tiene que tener un plan A, un plan B, un plan C y tiene que tener más cosas en la mano”, puntualizó.

El abogado aclaró que esto no es una expropiación, porque para eso se tiene que tener un título de propiedad, y esas tierras son del Estado panameño, los minerales que están allí son 100% panameños, y la empresa vino a hacer plata con los recursos del país.

Respaldó al Gobierno al tomar la decisión, ya que, de lo contrario nadie respetaría al Estado, ni las empresas nacionales, ni a nivel internacional, por lo que se debía enviar el mensaje de que los bienes públicos se respetan, recalcando que otros países capitalistas han tomado decisiones similares, como España y Ecuador que demandaron a las empresas mineras y ganaron.