'Hewitt no fue al MP como acusada, sino como experta'

La exprocuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, manifestó que no es irregular que un procurador reciba o se reúna con abogados de las partes, pero es muy importante la transparencia que se tenga, respecto a ello y ahí considera estuvo el fallo.

Dijo que se tenía que salir y decir que “se había desarrollado la reunión con los abogados de las partes o de alguna de las partes y que la información se daría más adelante”, pero reitera que no se trata de algo indebido.

Explica que el modelo acusatorio invita, tanto a jueces como a los fiscales del Ministerio Público a tratar de encontrar acuerdos y métodos distintos de resolución de conflictos para no tener que llegar al desarrollo de un proceso largo y que la gente acepte su culpa o su grado de participación y además que expliquen cómo fue el delito.

En cuanto a la comparecencia de Itzel Hewwitt en la sede del Ministerio Público del Edificio Avesa, Gómez explica que la metodología de investigación puede ir de lo más a lo menos, aunque no es lo común o de menos a más. En ese sentido dice que la coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), no estaba allí por culpable, sino como experta y conocedora del proceso.

“Es bueno que ella haya ido rápido porque como una enfermera que es idónea y una mujer con ética, va a poder explicar todo el proceso al fiscal de la causa. Ella pudo hacer dado un panorama o un pantallazo completo del proceso de inmunización”, expresó.

La exprocuradora, considera que es un “grave error” descartar la salud pública, ya que no se trata de un tema solamente patrimonial, ya que cualquier persona que haya facilitado, pedido, participado, buscado y montado el andamiaje necesario para una vacunación paralela, privada, cobrando y distinta a la que hace el gobierno a través de sus instalaciones, comete un delito contra la salud pública.

Explica que la Constitución dice en todo lo que tiene que ver con la salud pública que, es un deber esencial del Estado panameño velar por la salud de la población, mientras que el Código Penal doce que quien infrinja medidas sanitarias adoptadas por las autoridades competentes para impedir la propagación de una enfermedad, será sancionado con prisión de 4 a 6 años y si la enfermedad es contagiosa se aumenta la pena.

Plantea que lo anterior es importante porque todas las personas que están creyendo que están vacunadas, van a estar por la calle con una falsa sensación de seguridad y de la enfermedad que nos están protegiendo con la medida sanitaria que se tomó con la vacunación masiva y que el Estado, producto de los impuestos que pagamos ha asumido el costo de esas vacunas para que nadie tenga que pagar.

Según la abogada, el empresario que accede a la realización de una jornada de vacunación está infringiendo una norma sanitaria que se ha establecido para impedir la propagación de una enfermedad contagiosa.

Sostuvo que es importante que se entienda la gravedad de la viveza de quienes pensaron que con dinero todo lo pueden conseguir y es algo que tiene que acabar en el país: “esa sensación de que el que tiene dinero está por encima o puede saltarse la fila o que puede determinar que se convierta en mercancía todo lo que le provoque”.