Hacen petición formal de información ante hermetismo del contrato de vacunas contra la COVID-19

Ante el sin fin de dudas e interrogantes que han quedado en relación al misterioso contrato que se ha establecido entre el Estado panameño y la casa farmacéutica Pfizer, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, ha cursado cuestionarios con preguntas específicas sobre el tema a Luis Francisco Sucre y Erika Mouynes, titulares del Ministerio de Salud y Relaciones Exteriores, respectivamente.

Según la directora de la fundación, Olga De Obaldía, el cuestionario aborda tres áreas principales de transparencia y ética pública, como por ejemplo, las condiciones vinculantes para el Estado, sin que eso implique la divulgación de secretos comerciales o de mercadeo.

Lo que se quiere saber concretamente es el número de vacuna, el precio por dosis y los interlocutores de las negociaciones, ya que no se trata de un solo proveedor, sino que son múltiples.

Otro de los bloques de información que han solicitado a las autoridades, está relacionada a los pagos que hace Panamá, y según De Obaldía, el ciudadano tiene derecho de acceso a conocer esa data, ya que no se trata de una dádiva del Estado explicar en qué se gasta el dinero que es de todos.

En ese punto han cuestionado sobre asignaciones presupuestarias, partidas, órdenes de compra, refrendos que son documentos cuya naturaleza esencial es ser públicos.

En tercer lugar, han pedido respuestas sobre los controles o seguridad que el Estado va a tener, para priorizar las poblaciones por grupo y asegurarse que la corrupción, “el juega vivo” y oportunismo no capture el proceso de vacunación.

“Se trata de una situación que requiere transparencia”, destacó.

Agrega que, expertos en tema de salud pública han manifestado que el plan de cuadro de vacunación en general es excelente, pero lo que está faltando es el elemento de comunicación e información.

De Obaldía dijo que una de las cláusulas que más ha generado incomodidad, en los contratos de vacunas para el COVID-19 es la relacionada con la inmunidad total para la empresa fabricante de la vacuna, en la jurisdicción local.

En otros países, según la representante de la fundación, esa cláusula relacionada a la inmunidad total ha sido un problema severo.

También expresó que es importante que las autoridades sean totalmente transparentes y publiquen toda la data que se requiere para que todo el proceso no se vea empañado por algún tipo de irregularidad.