Caso PAN-horas vuelo: juzgado decreta absolución a cinco exministro, fiscalía analiza presentar apelación
El juzgado de la causa ordena el levantamiento de las medidas cautelares para las personas que fueron absueltas.
Ciudad de Panamá/Los exministros de Desarrollo Agropecuario, Oscar Osorio, Emilio Kieswetter; el exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino y los exministros de Salud, Franklin Vergara y Javier Díaz, fueron absueltos por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales a cargos de la jueza Agueda Rentería.
Los exfuncionarios del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), estaban siendo señalados por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado por presuntas anomalías en el alquiler de horas de vuelo de helicópteros con fondos del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).
La información fue publicada en edicto por la secretaría del juzgado liquidador, en la que también se señala que en el fallo también absuelve a Franklin Oduber, exdirector de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras; Giacomo Tamburrelli, exdirector del PAN; Arturo Alvarado, exdirector del Servicio Nacional de Protección Civil.
Te puede interesar: Decretan detención domiciliaria para el hijo del exministro Guillermo Ferrufino
De igual forma, recibieron absolución los exfuncionarios Jorge Terregrosa, Lina María Tejera, Ramón Cuervo, Serafín Sánchez, Yessica Pérez y Eliecer José Lara.
En la resolución, el juzgado de la causa ordena el levantamiento de las medidas cautelares para las personas que fueron absueltas.
Ante esta decisión, la Fiscalía Anticorrupción de Descarga tiene la posibilidad de presentar el recurso de apelación que tendrá que ser resuelto por los magistrados del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales. Fuentes del Ministerio Público informaron que la fiscalía estaría evaluando el fallo y evaluaría el planteamiento de los recursos correspondientes.
Esta decisión se produce a más de un año de haberse celebrado el juicio, el 2 de octubre de 2023, en donde uno de los puntos que se debatieron fue la presunta lesión patrimonial al Estado por el orden de los $10 millones. La Fiscalía Anticorrupción de Descarga había iniciado las investigaciones para el año 2014.
