Grupos ambientalistas advierten sobre 'graves incumplimientos' en el plan de cierre de la mina

Ciudad de Panamá/El Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), advirtió en conferencia de prensa sobre los graves riesgos que podría traer consigo la “falta de cumplimiento en el plan de acción de cierre de minas”, por parte del Ejecutivo.

El pronunciamiento se da debido a que, han pasado dos meses y medio desde la emisión del fallo de inconstitucionalidad de la Ley 406 de 2023, que aprobaba el Contrato de Concesión Minera entre el Estado y Minera Panamá S.A, sin embargo, las acciones para su cumplimiento, al parecer de la organización no están llegando.

Como panameños respetuosos de la ley, esperábamos las acciones administrativas que en consecuencia debían ser ordenadas por el gobierno, pero estas acciones no llegan”, señalan.

Continúan diciendo que las diferentes organizaciones de sociedad civil, quieren alertar a la ciudadanía sobre los graves incumplimientos y omisiones en los que está incurriendo el Órgano Ejecutivo dentro del proceso de cierre del proyecto Cobre Panamá.

Destacaron que algunos de estos son

• Ausencia de las auditorías necesarias
• Órdenes para la estabilidad del sitio
• Decisiones concretas frente a una fianza de cumplimiento ambiental por $108 millones que vencerá el 7 de marzo próximo

Falta de Transparencia

Manifiestan que, tanto el anuncio presidencial como el denominado “Plan de Acción para el Cierre Ordenado y Definitivo de Cobre Panamá” del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de diciembre de 2023, prometieron decisiones responsables, inclusivas y participativas sobre el cierre de la mina. Sin embargo, desde entonces la tónica ha sido una extrema hermeticidad sobre el contenido de las medidas adoptadas con respecto al proyecto.

Las entidades competentes no publicaron la resolución que ordenó la presentación de un plan temporal de preservación, tampoco el plan presentado por la empresa, ni la decisión adoptada sobre este, entre otros documentos relevantes.

El UICN entregó nota al MICI el 28 de diciembre solicitando formalmente la información sobre las disposiciones jurídicas, comunicaciones y acciones tomadas para el cierre de la mina, pero a la fecha no ha recibido respuesta alguna.

Falta de Debido Proceso

El Plan de Recuperación Ambiental y Abandono del proyecto presentado en 2011, nunca fue actualizado ni tampoco contenía medidas para el cierre inesperado del proyecto, como lo exige la legislación ambiental, y el próximo 7 de marzo vencerá la cobertura de la fianza de cumplimiento ambiental del proyecto, consignada para cierre, post-cierre y causas imprevistas por un valor de 108 millones de dólares.

“A pesar de ello, no han sido emitidas o publicadas, resoluciones o instrucciones específicas por parte del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) o MICI para subsanar esta infracción ni hacer exigible dicha fianza. A pesar de haber reconocido la urgencia de las auditorías y las medidas de preservación en sitio, el gobierno no ha emitido órdenes específicas para que estas se realicen, dejando a criterio de la empresa todas las decisiones y acciones en el área”, subrayan.

Agregan que, las auditorías son fundamentales para complementar el fallo de la Corte Suprema de Justicia y servir de base para la defensa del Estado de los arbitrajes anunciados por la empresa y sus inversionistas. Por su parte, las medidas de preservación son impostergables para proteger a las comunidades y a la naturaleza del riesgo de deslave de la instalación de manejo de relaves.

El muro de contención de esta instalación era constantemente reforzado con materiales extraídos del yacimiento que ya no se están generando, por lo que las autoridades deben ordenar con qué materiales y procedimiento debe darse el mantenimiento necesario, mientras se adoptan otras medidas.

Además, se desconoce si el Plan de Manejo del Estudio de Impacto Ambiental se está aplicando o si los funcionarios de las instituciones están realizando las inspecciones que conforme a sus competencias les corresponden.

La llamada “inspección” realizada en sitio, en la que algunos de nuestros representantes participaron el 11 de enero pasado, fue solo una visita de reconocimiento, sin un protocolo de abordaje específico, ni informes técnicos por parte de las instituciones que emitieran recomendaciones concluyentes.  

Falta de Mecanismos de Participación Pública.

El enunciado Plan de Acción señaló que se conformarían “espacios sectoriales y territoriales de escucha activa y consulta ciudadana”, pero esto no ha ocurrido. No se ha definido ningún mecanismo para la participación ciudadana en ninguna de las etapas estratégicas del mencionado plan de acción de cierre, ni siquiera de las comunidades vecinas de la mina.

Las organizaciones sociales de los distritos de Donoso y Omar Torrijos reconocen más de 25 comunidades directamente afectadas por el proyecto y sus instalaciones accesorias, incluida la carretera y el puerto.

En el Estudio de Impacto Ambiental se incluyeron sólo a 21 de ellas. Con estas graves omisiones, pareciera olvidar el gobierno los resultados negativos que ya ha tenido la conformación de comisiones y contratación de expertos a espaldas de los ciudadanos y de la Ley, y la falta de consideración de los estándares de derechos humanos aplicables.

“Ante este escenario, queremos recordar a las instituciones gubernamentales, particularmente a MICI y MIAMBIENTE que la transparencia no se cumple solo con la emisión de boletines digitales o comunicados de prensa con anuncios vagos y promesas; y que es urgente la adopción de las medidas que garantizan la vida y salud de la población del área de influencia del proyecto”, mencionan.

La práctica de las auditorías para evaluar el estado del sitio de manera técnica y profesional, como requisito para la preparación de una defensa sólida del Estado frente a los procesos de arbitraje; y mantener exigible la fianza que permitiría que la empresa asuma el compromiso de cierre del proyecto que legalmente le corresponde.

Las organizaciones de sociedad civil del Comité Panameño de la UICN y los participantes suscritos de la Mesa Técnica para el Cierre de Minas establecida a iniciativa del Comité reiteran a las autoridades su disposición de aportar propositivamente en este proceso, sin detrimento de otras organizaciones o colectivos que deseen hacer lo propio.

La trascendencia de esta coyuntura para el presente y futuro de nuestro país exige una gestión verdaderamente inclusiva y participativa, el momento es ahora.