Insisten en que 'gerente de la CA está obligado a ser parte de la investigación'
La diputada independiente y exprocuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, dijo que la Caja de Ahorros no está concebida para que se esté moviendo en operaciones financieras tan complicadas de lucro, al igual que lo hace la banca privada.
En cuanto a la investigación que adelanta el Ministerio Púbico, sobre la posible comisión del delito contra la administración pública, Gómez aseguró que el gerente de la Caja de Ahorros, en este caso Mario Rojas, está obligado a ser parte del proceso para cooperar en la investigación y no solo para recuperar el dinero “que se pagó, cuando la investigación estaba iniciada”.
Explicó que la Caja de Ahorros y el Banco Nacional, no se rigen solo por los parámetros establecidos por la Superintendencia de Bancos, ya que se trata de banca estatal, con servidores públicos.
Es decir que a los trabajadores de la Caja de Ahorros no solo se les aplican las regulaciones para los empleados bancarios, sino también todo lo que aplica a los funcionarios, la Ley de Carrera Administrativa y el Código de Ética de los funcionarios.
Lo que ocurre en ocasiones, es que gente “muy joven” con experiencia en banca, pero ninguna experiencia en la administración pública asumen los cargos y creen que lo que van a realizar es una actividad que solo tiene que ver con las operaciones, pero se les olvida las demás implicaciones que hay en ser un funcionario.
Por lo anterior, manifestó que lo que lleva al éxito al sector privado, como la innovación, creatividad y los manejos financieros agresivos, en el sector público lleva a la gente a la cárcel, ya que solo se puede hacer lo que la ley permite.
Gómez recordó que Panamá es signataria de la Convención Interamericana contra la Corrupción que desde el año 1996 ha establecido claramente que no se necesita que se establezca la lesión patrimonial como un requisito para perseguir la corrupción, además, Panamá contempla la persecución criminal desde el bloque de la Constitucionalidad que le impone a los fiscales no solo basarse en el Código Penal, sino en toda la normativa internacional que Panamá ha suscrito.
Es decir que todo el que persigue delitos, está obligado a usar las convenciones, además del derecho positivo que son los códigos.
Cuando se trata de un préstamo, dijo la diputada, no se tiene que ver solo si se cumplió con el pago del dinero o no, ya que también hay que ver si se cumplió con los procesos, y que para todo hay manuales, lo que establece que las formas, son tan importantes como el fondo.
Agregó que lo que pasa en el caso de la Caja de Ahorros, es que la gente lo quiere ver desde el punto de vista del Derecho Mercantil, pero no se trata solo de una transacción bancaria, ya que siendo de banca estatal, es importante la tutela de los procedimientos, porque el bien jurídico que se protege es la correcta administración pública y el correcto desarrollo bancario.
Recordó que cuando fue ratificado, el gerente de la Caja de Ahorros [Mario Rojas] denunció que “había llegado a un banco donde encontró un desgreño administrativo, además que había encontrado una serie de irregularidades”.
Para Gómez, no hay consecuencia entre lo que dijo al momento de ser ratificado y la conducta que ha desplegado a lo largo de la investigación que ha tenido que desarrollar el Ministerio Público, sin el apoyo de la institución que puede facilitar el iter criminis, que no es más que determinar cómo se pudieron haber dado las operaciones fraudulentas.
La ciudadanía tiene que cambiar su visión de que no se le puede exigir al Ministerio Público que cumpla con la responsabilidad de desentrañar todos los delitos que del último quinquenio y por otro lado estar atropellando a los fiscales que cada vez que toca algún interés entonces son malos.
