Gobierno: Rechazo al contrato con Minera Panamá afecta la seguridad jurídica
El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), mediante un comunicado, lamentó este viernes 31 de mayo, el rechazo al contrato entre el Estado y Minera Panamá, alegando que “afecta negativamente la seguridad jurídica del país y la estabilidad de la inversión que son críticas para el desarrollo nacional”.
El comunicado también fue compartido por el presidente de la República, Juan Carlos Varela en su cuenta de Twitter.
La entidad reitera que es respetuosa de la separación de los poderes, sin embargo, considera que la decisión de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional de rechazar el proyecto de Ley mediante el cual solicita reafirmar el contrato de concesión para este proyecto minero afecta al país.
El pasado 29 de mayo, dicha comisión de la Asamblea rechazó en su totalidad por considerarlo “lesivo" el proyecto 766, relacionado al contrato entre el Estado y Minera Panamá.
En 2018, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la ley que otorgaba la concesión para la explotación de oro y cobre a la empresa Petaquilla, ahora llamada Minera Panamá.
“El MICI, en cumplimiento de su deber como institución enfocada en desarrollar y ejecutar las políticas del Gobierno concernientes al comercio y la industria nacional, así como a la promoción de la inversión extranjera en nuestro país, presentó este proyecto de ley ante la Asamblea Nacional con el objetivo de garantizar la seguridad de esta importante inversión privada de más de 6,000 millones de dólares, la mayor en la historia de nuestro país”, resalta el comunicado.
Según la entidad, la CSJ declaró inconstitucional la ley 9 de 1997, más no el contrato de concesión, cuya prórroga se mantiene vigente.
Agrega la nota del MICI que, “el fallo de la Corte Suprema de Justicia se emite luego de transcurrida la inversión por parte del Proyecto Cobre Panamá que además de los 6,000 millones de dólares, ha generado unos 13,000 empleos en etapa de construcción”.
Minera Panamá también reaccionó al rechazo del contrato y destacó que son la mayor inversión privada que se ha hecho en el istmo centroamericano en toda su historia.
“Confiamos en que el Estado respalde la estabilidad jurídica necesaria para dinamizar la economía nacional. Puesto que, según los pronósticos de expertos nacionales e internacionales, estamos encaminados a contribuir en más del 3% al crecimiento del PIB de Panamá a partir del año 2020”, señaló la empresa.