Gobierno conversará con candidatos presidenciales sobre proceso del cierre de la mina

Ciudad de Panamá/A más de un mes de la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato entre Minera Panamá y el Gobierno, aunque se ha iniciado el proceso para ejecutar el fallo que debe concluir con el cierre de operaciones de la empresa, aún se desconocen los detalles de cómo se dará, quién asumirá los costos, y cuáles son los pasos a seguir.

El ahora ministro de Comercio e Industrias, Jorge Rivera Staff, manifestó que se ha presentado un esquema del plan de acción, que es la guía para el cierre de la mina, la defensa de los intereses nacionales en los arbitrajes internacionales, y repensar cómo sustituir el 4.5% del aporte de esa actividad en la economía.

Dijo que lo principal es garantizar la gestión ambiental, por lo que se ha indicado a la empresa minera una serie de elementos y criterios que debe tener en cuenta para la estabilidad física y química con la que deben cumplir en este momento.

“No hay operaciones de extracción, almacenamiento, transporte, ni comercialización de material en este momento, pero para mantener esa estabilidad física y química se necesita personal, insumos y algunas series de actividades”, afirmó Staff.

Continúo diciendo que, lo segundo es hacer una auditoría para saber dónde se está actualmente y para eso se ha establecido un panel de expertos multidisciplinarios.

Aseguró que, se está fortaleciendo la capacidad interna en las 10 instituciones que tienen que ver con el funcionamiento de la mina, añadiendo que ahora lo conveniente es contar con una empresa que permita acompañar la fiscalización y supervisión por parte del Estado en el proceso de cuido ambiental, mientras se empieza a elaborar el plan de cierre.

Recalcó que, han obtenido ofertas de gobiernos amigos como el de Chile, que ya tiene experiencia en estos procesos, y están apoyando en este proceso de cierre de mina. Aseguró que, expertos chilenos ya están dando capacitaciones sobre el proceso.

Staff dijo que, el Estado debe ingresar al área de la mina con un equipo de fiscalización que se está preparando en el corto plazo.

Reconoció que es importante cerrar la brecha de confianza que hay entre el gobierno y la ciudadanía, entendiendo lo sucedido en el país, y es con eso que se quiere llevar adelante el proceso de cierre, por lo que, además del gobierno, habrá participación de la sociedad civil.

Sobre los costos del proceso, Staff dijo que pudiera estar alrededor de 800 millones de dólares, y demorar hasta 9 años, y aunque en situaciones normales es la empresa la que debe hacer el cierre, por la situación actual, jurídicamente se están haciendo las definiciones para ser parte del proceso.

Aseguró que se está haciendo una convocatoria de firmas especializadas a nivel global con experiencia en arbitraje con industrias extractivistas para enfrentar los arbitrajes que ha interpuesto la empresa minera.

De igual manera, manifestó que, se está coordinando con el Ministerio Público, que por Constitución tiene la obligación de asumir la defensa del Estado panameño, por lo que se ha planteado la conformación de una comisión asesora legal, con los mejores abogados y expertos en arbitrajes en Panamá que permita ser caja de resonancia para el proceso en los próximos meses.

De acuerdo con Staff, se puede avanzar con el proceso de cierre mientras se dan los arbitrajes de forma paralela.

También afirmó que, aún desconocen los planteamientos de la empresa minera en los arbitrajes, por lo aún están a la espera de recoger estos elementos, recalcando que el proceso que ha llevado Panamá ha sido en base a la constitucionalidad de la democracia, que es lo que se está planteando a nivel internacional.

Sobre si fue un fracaso o no la campaña para convencer a la población sobre los beneficios del contrato, el Ministro indicó que, como gobierno trataron de dar continuidad a una empresa que ya estaba funcionando con un mejor contrato que el anterior, pero, hubo un rechazo de la ciudadanía y un fallo de la Corte Suprema de Justicia, por lo que se está cumpliendo con este último, asegurando que ha sido un aprendizaje.

“Estamos sembrando las bases para este proceso en los meses que nos quedan de administración, pero eso no se va a agotar de aquí a julio, este es un trabajo que va a seguir desarrollando la próxima administración, por lo que en algún momento vamos a sentarnos con los candidatos presidenciales, para que tengan la base y darle continuidad”, recalcó.