Noticiero Fin De Semana
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Cuidad de Panamá/La actual Gobernadora de Panamá y exsubdirectora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Carla García manifestó que no ha sido llamada para declarar en el caso de supuestos abusos sexuales y maltratos físicos en algunos albergues de menores del país.
"Yo la verdad no estaba a cargo de esa parte. Yo estaba a cargo de ver todos los temas de apoyo y ayudas sociales como habitacionales en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social. Estaba a cargo de conseguir los apoyos para poder llevar comida a los albergues en momentos que estábamos viviendo la pandemia", indicó García como ya ha declarado anteriormente.
La Gobernadora de Panamá indicó que está disponible para declarar si las autoridades de investigación lo requieren.
En cuanto al abogado que estaba en la Senniaf y que ahora es parte del equipo de la Gobernación, se ha indicado que tiene medida cautelar de impedimento de salida del país y debe notificarse todos los viernes.
No se descarta que otras personas sean llamadas por las autoridades para ampliar estas investigaciones.
Un juez de garantías imputó cargos a una trabajadora social de la Senniaf por supuesta vinculación con la decisión de enviar menores de edad a un centro de rehabilitación de adultos.
El juez ordenó notificación cada 15 días, impedimento de salida del país y prohibición de acercarse a la Senniaf.
La fiscalía informó que han estado investigando e imputando por el caso de supuestos maltratos y abusos en los albergues supervisados por la Senniaf.
El pasado lunes 3 de mayo se conoció que un juez de garantías imputó cargos a un exfuncionario de esta secretaría, que permitió el ingreso de menores de edad a un centro de rehabilitación de adultos, ubicado en el sector de Las Garzas.
El juez ordenó reporte periódico semanal, impedimento de salida del país y la prohibición de acercarse a las sedes para este exfuncionario.
Recientemente, la fiscal superior de familia Kathia Meléndez dio a conocer que por el momento existen 26 investigaciones relacionadas a delitos sexuales, maltrato al menor y corrupción. Hasta el momento, dos personas han sido condenadas por abuso sexual en albergues infantiles.