Uber aspira alcanzar 'un marco jurídico innovador' para seguir prestando el servicio
Luego de ser prohijado el proyecto de ley que modifica el Decreto Ejecutivo No. 331 del 31 de octubre de 2017, que busca regular el servicio de transporte a través de plataformas digitales, el gerente general de Uber, Gabriel Gutiérrez dijo que no se oponen al marco jurídico, pero esperan que sea innovador y busque el bien común y no intereses específicos.
“Estamos esperando con incertidumbre. Esta ley tiene nombre y apellido; no se ha consultado”, destacó Gutiérrez.
El Gerente General de Uber indicó que como empresa quiere una regulación moderna, que vea hacia el futuro y no hacia el pasado.
Sobre la identificación del auto, dijo que los socioconductores han manifestado que no están de acuerdo que esté rotulado, ya que muchas de esas personas no se dedican a tiempo completo a manejar para la empresa; además que resaltó, que los vehículos ya están identificados en la plataforma.
Se refirió también al cobro en efectivo al mencionar que es la moneda de curso, además de ser el pago universal. Según Gutiérrez, tiene que haber un derecho a elegir.
Detalló que con el proyecto de ley se está dejando al 85% de las personas en Panamá fuera de Uber, ya que sólo el 15% tiene tarjeta de crédito, por lo que resaltó que se están violando los derechos fundamentales de los usuarios.
280 mil usuarios en Panamá utilizan Uber para movilizarse, mencionó Gutiérrez, quien también señaló que la empresa está comprometida con nuestro país, por lo que quiere que haya un marco jurídico, que sea innovador.
“Pagamos impuestos en Panamá, somos una empresa seria. Se trabaja con la DGI para esto”, puntualizó.
Agregó que, en muchos países, Uber está regulado, y entre ellos está México, lo que se ha logrado conversando y poniendo al usuario de primero.
Gutiérrez comentó que la empresa lleva en Panamá tres años cobrando en efectivo y las tarifas no han cambiado. “Vamos a seguir evolucionando, tenemos 10 años de existir”, agregó.
La Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional (AN), prohijó este anteproyecto de ley que modifica el Decreto Ejecutivo No. 331 del 31 de octubre de 2017 que reglamenta el servicio de transporte de lujo ofrecido a través de plataformas tecnológicas.