Gerente de la Caja de Ahorros responde al Procurador de la Administración

El gerente de la Caja de Ahorros (CA) Mario Rojas, respondió a través de un comunicado al procurador de la Administración Rigoberto González, en cuanto a la solicitud realizada para constituirse como querellante en un proceso judicial que tiene relación con un préstamo millonario otorgado por la entidad en el pasado periodo administrativo.

De acuerdo con la nota de prensa, la Caja de Ahorros está comprometida en velar por la salud de la institución por lo que ha colaborado con las autoridades a cargo de la investigación con las que se mantiene en contacto permanente-

Además, se indica en el comunicado que se activó de manera temprana y oportuna la jurisdicción coactiva y las acciones legales para el recobro de los capitales e intereses adeudados logrando la plena satisfacción del préstamo otorgado.

La Fiscalía Primera Anticorrupción investiga un posible delito contra la administración pública, por supuestas irregularidades en el otorgamiento de un préstamo por 7 millones de dólares al consorcio HPC-Contratas-P&V para la construcción del Centro de Convenciones de Amador.

Este préstamo fue otorgado en el periodo pasado, cuando Jayson Pastor era el gerente general, Riccardo Francolini y Fernando Correa, eran presidente de la junta directiva de la CA y miembro, respectivamente.

Por este caso han sido llamados a indagatoria, el expresidente de la junta directiva de la CA, Ricardo Francolini, el periodista Fernando Correa, Ricardo Arango Pezet, Anastacio Ruiz, Ricardo Chanis, el exgerente de la entidad Jayson Pastor, Tobias Garrido Nicolau; Gerson Lemer Hurtado, de la empresa HPC-Contratas-P&V; Rodrigo Arosemena Pino, exsubgerente de la CA y la actual secretaria de la junta directiva, Eleonor Samudio de Ávila.

Según la CA, los representantes actuales de la entidad están conscientes de la grave responsabilidad que les atañe como funcionarios públicos.

Agrega la nota que se tomarán las medidas necesarias, de acuerdo con lo que establece la ley, para garantizar la protección, el patrimonio y la solidez de esta institución.