Advierten que no hay garantía de que aplicar castración química ponga un alto a violadores

La especialista en derecho de familia y abogada, Gilma De León, habló sobre el controversial tema de la necesidad de implementar en Panamá, la aplicación de la castración química para evitar casos de abusos sexual a menores de edad.

De acuerdo con De León, las autoridades muchas veces presentan anteproyectos de ley que no tienen un sustento científico válido.

Explicó que, la castración química, método que implica la aplicación de un químico para bajar la libido sexual fue implementado por primera vez en 1966, en los ofensores sexuales.

Sin embargo, aclaró que, la conducta del ofensor o pederasta, es una conducta compulsiva incontrolable que tiene aspectos definidos que van más allá del aspecto meramente de la posibilidad de que puedan tener una erección.

Estos aspectos, indica De León, vienen muchas veces desde la niñez o de personas que han sido también, víctimas de malos tratos, delitos contra el pudor y que tienen situaciones muy patológicas, parafilias y además, que están muy acendradas en su aspecto psicológico.

Teniendo en consideración esto, según la especialista, “absolutamente no hay ninguna garantía” de que, de aplicarse este método, la persona deje este comportamiento.

Como todo caso de una adicción, la única forma que esto pueda tener resultados es si la persona siente algún tipo de remordimiento o no soporta el efecto de lo que ha hecho y que pida voluntariamente ser objeto de la castración.

Actualmente, como tratamiento contra los violadores y pederastas se aplica la depo provera, medicamento temporal destinado a reducir la libido, pero no la actividad sexual; esto no es garantía de que una persona en un momento dado no pueda tener una erección.

Por último, De León advirtió que los crímenes de delito contra el pudor y la libertad sexual están aumentando en una espiral que es realmente alarmante, por lo que Panamá tiene como país la obligación de cumplir con la aplicación los convenios internacionales para la prevención de la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes.