Fraude electrónico al Pase-U: ¿Cómo operaban para cobrar las becas del Ifarhu?

Ciudad de Panamá, Panamá/En una audiencia de solicitudes múltiples celebrada este jueves 7 de marzo, un Juez de Garantías ordenó como medida cautelar la notificación e impedimento de salida del país para una funcionaria del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) y un comerciante de origen asiático, en relación con un presunto fraude electrónico agravado.

Además, se ha determinó suspender a la funcionaria de su cargo y se ha procedido a legalizar la aprehensión e imputación de cargos para ambos ciudadanos.

Esto pese a que el Ministerio Público, representado en la audiencia por la fiscal Adleyn Sánchez, solicitó la detención provisional de ambas personas. Ante el anuncio de estas medidas, la Fiscalía presentó un recurso de apelación a esta decisión. Por tal motivo, la audiencia se fijó para el próximo 14 de marzo a las 2:00 p.m.

La aprehensión de ambas personas se dio luego que la Fiscalía, en conjunto con la Policía Nacional, realizaran una serie de diligencias de allanamientos en las provincias de Panamá y Chiriquí en el marco de la “Operación Password 2”. Como resultado de esta, se dio la detención de ambos imputados por el delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de fraude electrónico agravado.

De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación de este caso inició en virtud de una denuncia presentada por el Ifarhu ante la entidad.

Por medio de la denuncia, se pone en conocimiento a las autoridades que, mediante verificación rutinaria en la plataforma Cedula-D, detectan transacciones irregulares referentes a un comercio para el mes de septiembre de 2022. Estas transacciones incluían compras de montos superiores a 200 dólares en una sola transacción y por cifras redondeadas, un patrón que había sido identificado en ocasiones anteriores.

Además, se ha señalado que, mediante solicitudes de información dirigidas a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), se recibió información en la cual consta que presuntamente se realizaron al menos más de siete mil cambios de número PIN de beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) bajo el usuario de una funcionaria, durante el mes de septiembre.

Algunos de estos cambios fueron registrados en fechas que no corresponden a días laborales. Es importante destacar que, después de que se efectuaban las presuntas creaciones o modificaciones de PIN de beneficiarios del Pase-U a través del usuario de la funcionaria, se llevaban a cabo transacciones ilegítimas en el comercio para acceder al beneficio.

Según la Fiscalía, se les imputaría por lo establecido en el artículo 226 del Código Penal que indica lo siguiente: "Quien, para procurarse para sí o para un tercero un provecho ilícito, altere, modifique o manipule programas, bases de datos, redes o sistemas informáticos, en perjuicio de un tercero".

En dicho artículo también se establece que la sanción podría ser de cinco a ocho años de prisión, cuando el hecho sea cometido por la persona autorizada para acceder a estos.

Con información de Meredith Serracín