Fitch Ratings reafirma calificación de Panamá en BB+ con perspectiva a estable
Con esta calificación, Panamá mantiene un panorama estable, aunque enfrenta retos cruciales para consolidar sus finanzas públicas y fortalecer su posición económica a largo plazo.
Ciudad de Panamá, Panamá/La calificadora de riesgo Fitch Ratings ha ratificado la calificación de BB+ con perspectiva estable para Panamá.
La decisión está respaldada por factores positivos como un alto Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, baja inflación, estabilidad macrofinanciera anclada a la dolarización y sólidas perspectivas de crecimiento a mediano plazo, principalmente impulsadas por las actividades logísticas y el activo estratégico del Canal de Panamá.
Sin embargo, Fitch señaló que estos aspectos positivos se ven contrarrestados por debilidades estructurales, como las deficiencias en la gobernanza, finanzas públicas frágiles con una base de ingresos estrecha y erosionada, un aumento de la deuda pública y de los intereses, así como una fuerte dependencia de los mercados externos para obtener financiamiento.
La calificadora también destacó que la administración del presidente José Raúl Mulino, quien asumió el cargo el pasado 1 de julio, enfrenta desafíos apremiantes, como el creciente déficit del sistema de seguridad social. Actualmente, una reforma a la Caja de Seguro Social (CSS) se encuentra en consultas ciudadanas en la Asamblea Nacional.
Proyecciones económicas
Según Fitch, el crecimiento real del PIB se ralentizará al 2.8% en 2024, comparado con el 7.4% en 2023, debido a una desaceleración pospandemia. Agregan que, el impacto del cierre de la mina ha sido menor de lo previsto, mientras que las actividades no mineras continúan creciendo al 4.5%, en línea con las expectativas.
Por otro lado, Fitch prevé que el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) aumente a 7.0% del PIB en 2024, en comparación con el 3.0% de 2023.
Este incremento está sujeto a incertidumbres relacionadas con las cuentas por pagar que el actual gobierno logre saldar. Para contrarrestar esto, el Gobierno relajó los límites de déficit presupuestario establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRSF), con un plan gradual que proyecta reducir el déficit del 4% del PIB en 2025 al 1.5% en 2030, mediante gasto moderado y mejoras en los ingresos.
Asimismo, Fitch estima que la deuda pública bruta podría alcanzar el 63.5% del PIB a finales de 2024, frente al 56.9% al cierre de 2023, mientras que la relación intereses/ingresos subiría al 19.1%, un nivel que afecta los esfuerzos del país por recuperar una calificación de grado de inversión.
Fortalecimiento fiscal, una necesidad
Si bien no hubo cambios en la calificación o perspectiva, Fitch reiteró la importancia de fortalecer la credibilidad y previsibilidad fiscal mediante acciones concretas que conduzcan a una reducción sostenible de la deuda pública y de la carga de intereses sobre ingresos.
En respuesta, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reafirmó el compromiso del Gobierno con la disciplina fiscal, subrayando que el deterioro fiscal afecta a toda la población.
Chapman enfatizó la necesidad de contar con marcos regulatorios responsables que aseguren la estabilidad económica y el bienestar de la ciudadanía.
Con esta calificación, Panamá mantiene un panorama estable, aunque enfrenta retos cruciales para consolidar sus finanzas públicas y fortalecer su posición económica a largo plazo.
Notas de Fitch
Incertidumbre en la mina: Fitch Ratings señala que, el gobierno pretende abordar la cuestión de la mina de cobre en 2025, tras la reforma de la seguridad social. Entre las posibles propuestas figura un enfoque de "apertura y cierre", que implica la reapertura temporal de la mina para financiar su cierre responsable, pero sigue siendo un tema social delicado. Los procedimientos de arbitraje contra el gobierno debido al cierre siguen siendo un gran pasivo contingente (20.000 millones de dólares, o el 23% del PIB de 2024), y la fecha límite del primer arbitraje de la CCI se acerca a septiembre de 2025.
Reforma de las pensiones: También argumenta que la administración Mulino ha presentado una propuesta de reforma de la seguridad social que consolidaría los subsistemas actuales en un único sistema de prestaciones definidas (eliminando las cuentas individuales), aumentaría la edad de jubilación en tres años y la contribución del empleador en 3 puntos porcentuales, e iniciaría una nueva contribución importante del gobierno. El proyecto de ley representa el primer intento serio de abordar esta cuestión después de décadas de inacción, pero ofrecería un alivio fiscal limitado, ya que la mayor parte de la carga la soportaría el gobierno a través de su mayor contribución en lugar de hacerlo el sector privado a través de ajustes paramétricos.