Fiscalías acuden a la Corte para revertir fallos adversos del PAN

Las Fiscalías Primera y Segunda Anticorrupción solicitaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que mantenga vigente la orden de indagatoria al empresario Javier Pariente y se anule la acumulación de tres expedientes por supuesto peculado en el Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Tania Sterling, fiscal primera anticorrupción, y Vielka Broce, fiscal segunda Anticorrupción, presentaron esta semana dos recursos de amparos de garantías constitucionales en la CSJ, buscando revertir dos decisiones que no les fueron favorables en las investigaciones por peculado en la compra de comida deshidratada y en el contrato de paneles solares en el PAN.

Indagatoria a Pariente

La Fiscal Sterling solicitó a los magistrados de la CSJ que anulen un fallo del 27 de mayo de este año, dictado por el Segundo Tribunal, que dejó sin efecto la orden de indagatoria a Pariente.

El empresario es acusado de peculado por un contrato de 14.5 millones de dólares para la compra de comida deshidratada a la empresa Lerkshore International en el año 2010.

La fiscal Sterling, que instruye un proceso penal por el contrato de comida deshidratada del año 2010, había ordenado la indagatoria de Pariente el 11 de noviembre de 2015.

Posteriormente, el 11 de febrero de este año, el Juzgado Decimosexto Penal negó un incidente de controversia presentado por Armando Fuentes, abogado de Pariente, que pedia anular la indagatoria. Esa decisión fue apelada por Fuentes y el Segundo Tribunal favoreció a Pariente anulando la indagatoria.

Ahora, la fiscal Sterling pide a la CSJ que le conceda el amparo de garantías, y mantenga la indagatoria, porque presuntamente antes de la firma del contrato, Pariente dio un pago a la empresa Lerkshore International.

Pariente fue vicepresidente de Importadora Ricamar, empresa del expresidente Ricardo Martinelli. El empresario está fuera del país desde el año 2015.

Junto a Pariente, en este caso están acusados el exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli; Angel Famiglietti, exfuncionario del PAN; Amado Arjona y Rubén de Ycaza, dueño de Lerkshore International.

Esta investigación a Pariente es diferente al caso del contrato de comida deshidratada por 44.9 millones de dólares, contrato suscrito en 2011. Este último caso está pendiente de que el Juzgado Décimoquinto Penal lleve a cabo el juicio al exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén, Adolfo "Chichi" De Obarrio, Famiglietti y De Ycaza.

La excontralora Gioconda Torres de Bianchini también fue llamada a juicio, pero en su caso se debe decretar la extinción de la acción penal porque falleció.

Paneles solares

Por su parte, la fiscal Broce interpuso el recurso solicitando se revoque un fallo del 21 de abril de este año dictado por el Segundo Tribunal Superior, en el que se ordenó la acumulación de tres expedientes de presuntas irregularidades en la compra de lámparas y paneles solares.

Esta investigación fue separada en tres expedientes: uno asignado a la fiscal Broce por el contrato suscrito en 2012 a la empresa Calypso Investment Corp; otro asignado a la Fiscalía Cuarta Anticorrupción por 6 contratos de paneles solares firmados en 2011 por Tamburrelli; y el último en la Fiscalía Quinta Anticorrupción por 12 contratos de 2013 suscritos por el exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén.

El Segundo Tribunal ordenó la acumulación al admitir un incidente de de uno de los representantes de las empresas que adquirieron los contratos, que anuló la decisión de la fiscal Broce de separar en tres expedientes las investigaciones por la compra de paneles solares.

Estos paneles solares fueron adquiridos para las comunidades de difícil acceso y las comarcas indígenas de todo el país.

Las fiscalías segunda, cuarta y quinta anticorrupción solicitaron el sobreseimiento provisional de los tres expedientes.

El amparo de garantías por la nulidad de la indagatoria a Pariente tiene como ponente al magistrado Jerónimo Mejía. Mientras que el recurso legal por el caso de los paneles solares tiene como ponente al magistrado Hernán de León.

Mejía y De León deben elaborar un proyecto de fallo, que debe ser decidido por la mayoría de los nueve magistrados de la CSJ.