Contrato Minero: Defensa del país en caso de un arbitraje internacional dependerá de la buena voluntad del Estado

Desde el 20 de octubre de 2023, Panamá se encuentra sumergido en un descontento nacional provocado por la aprobación a tambor batiente de un contrato-ley minero con la empresa Minera Panamá y el Estado panameño. El daño al medio ambiente es una de las principales razones por las que miles de panameños han salido a manifestarse durante quince días consecutivos en todas las calles del país.

Fernando Gómez, abogado y experto en derecho internacional, lamentó el hecho de que cuando se dieron las oportunidades para que todos los interesados hablaran sobre el contrato minero, no se escuchó la opinión, y se terminaron realizando correcciones que al final fueron "cosméticas" y se terminó aprobando dicho contrato.

Muchos expertos y juristas aseguran que el contrato es inconstitucional y de hecho, se presentaron ocho demandas de inconstitucionalidad. Las últimas correcciones realizadas no fueron a consulta ciudadana, hecho cuestionado por una gran cantidad de asociaciones y personas interesadas en el debate.

Gómez aseguró que, esperar que la Corte Suprema de Justicia emita su fallo sobre las demandas presentadas, ese es el camino correcto en este momento.

"Es el camino correcto, y muy en especial porque igual que en el contrato de 1997, el contrato de 2023, ya aprobado contiene una excepción, una salvedad extremadamente importante, en que se mantiene en la cláusula correspondiente a la solución de controversia entre las partes, que son sujeto o pueden ser sujetos a un arbitraje internacional, salvo una clase de controversias: aquellas concernientes a la guarda de la integridad de la constitución lo cual es competencia exclusiva de nuestro ordenamiento jurídico de la Corte Suprema de Justicia", explicó Gómez.

Aseguró que el fallo de inconstitucionalidad de la Corte sería el haz bajo la manga del Estado panameño.

Para que la Corte falle en Derecho (...) tiene ella misma que respetar lo que dispone la ley con respecto a los plazos y los tiempos (...) vamos por buen camino, no es imposible que la Corte falle en pocas semanas", dijo Gómez Arbeláez.

Señaló que, los diputados no leyeron el contrato y no cumplieron sus funciones como funcionarios.

También indicó que, el contrato aún se encuentra vigente y el 20 de noviembre la empresa tendría que pagar unos $700 millones de dólares al Estado por los años que no realizaron pagos al gobierno por sus operaciones.

De este dinero, el presidente Laurentino Cortizo, aseguró que se aumentaría a 350.00 dólares mensuales a todos los jubilados que cobraran menos de este monto, según el mandatario el pago se haría efectivo a partir del 20 de noviembre.

Explicó Gómez que, si la Corte emite su fallo por inconstitucionalidad, los abogados de la empresa podrían interponer recursos dilatorios para que el contrato siga en vigencia y con ello, el gobierno se garantiza el pago del 20 de noviembre.

Además indicó que, en este momento ya no cabe una ley nueva para derogar la Ley 406.

Advirtió que, si se diera el caso en que Panamá deba ir a un arbitraje internacional con la empresa Minera Panamá, todo dependerá de la buena defensa y de armar un buen equipo.

No va a ser complicado que se defienda bien, pero depende la voluntad del Estado, si el estado continua así, el Estado está apoyando es la minera", finalizó Gómez.