Extranjeros denuncian explotación laboral durante construcción de Techos de Esperanza

Ciudadanos nicaragüenses y venezolanos denunciaron haber sido víctimas de explotación laboral por parte de una empresa subcontratista de la compañía Rodsa, vinculada al caso Blue Apple.

El caso también está relacionado con la destitución y traslado de tres fiscales en la región de Azuero.

De acuerdo a los denunciantes, trabajaron unos 9 meses sin recibir salario, comiendo pan con sardinas y durmiendo en el piso.

“Nos contrataron para hacer 23 casas de Techos de Esperanza en Macaracas. Las terminamos pero nunca nos pagaron. Y la alimentación era muy mala”, denunció el nicaragüense, Jaser Soto.

Nicaragüenses y venezolanos fueron contratados por la empresa Viking Solution para construir 23 casas del programa Techos de Esperanza.

Los afectados reclamaron sus derechos e inexplicablemente, pasaron de denunciantes a denunciados y detenidos.

“Estuve detenido 5 meses, 9 días, en Chitré. Nos acusaron de extorsión”, señaló Pedro Aristimuño, venezolano afectado.

Todo indica que la detención de los extranjeros guarda relación con la destitución el pasado 8 de marzo de las fiscales de la región de Azuero, Enereida Barrías, Dalilia Villarreal y César Tello, quien fue trasladado a Colón y posteriomente renunció.

“Interpusieron denuncia formal por delitos en contra de la libertad en contra los fiscales involucradas dentro del proceso”, detalló Lola Barcala, abogada de la ONG X-Ellas.

En relación a este caso existen denuncias por trata de personas ante el Consejo de Seguridad, por explotación laboral, en el Ministerio de Trabajo y contra las fiscales destituidas por supuesto delito de abuso de autoridad.

“El señor Rómulo Ledezma me golpeó el 31 de diciembre, me amenazó con mi familia, me retuvo el pasaporte”, relató Aristimuño.

“Solo pedimos que nos paguen nuestro trabajo”, enfatizó Pedro Acevedo, otro de los afectados.

El venezolano Rómulo Ledezma, actualmente con paradero desconocido, es el propietario de la empresa Viking Solution, subcontratista de la constructora Rodsa, vinculada al caso Blue Apple, y cuyo propietario, Juan Alexis Rodríguez, mantiene un acuerdo de colaboración eficaz con la fiscalía que sigue el caso.

La empresa de Juan Alexis Rodríguez también se menciona en varios expedientes del caso PAN.

Esto no ha sido impedimento para que la constructora Rodsa haya logrado contratos con el actual gobierno por unos 204 millones de dólares.