La libertad de expresión, un reto importante para Panamá
Libertad de Expresión
Ciudad de Panamá/La directora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Olga de Obaldía, abordó la situación actual de la democracia en Panamá de cara a las Elecciones Generales 2024.
Para de Obaldía, en términos generales si estamos capacitados para realizar un torneo electoral valido, sin embargo, advirtió que uno los mayores retos es la libertad de expresión.
Por otro lado, se refirió a las ‘ventajas’ que posee el candidato presidencial oficialista José Gabriel Carrizo por el hecho de tener acceso a los ‘recursos’ de forma indirecta del Ejecutivo.
Libertad de expresión
Las recientes demandas presentadas ante el Tribunal Electoral contra el periodista Álvaro Alvarado y el medio digital Foco Panamá, son motivo de preocupación desde el punto de vista la directora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, según de Obaldía, es una forma de ‘hostigamiento judicial’ para callar a periodistas y medios de comunicación que comunican lo que hacen personas a quienes no les gusta ser criticados.
La demanda presentada antes los comunicadores indica que las publicaciones corresponden a una “campaña sucia” en contra del expresidente, Ricardo Martinelli.
“Hemos visto sistemáticos ataques a la libertad de expresión que viene por la vía del hostigamiento judicial (…) el uso del sistema judicial y en algunas veces el administrativo como en este caso con el Tribunal Electoral para callar periodistas, callar medios, ocultar fehacientes que vienen por parte de los políticos” expresó.
Explicó que, la decisión del Tribunal Electoral que indica que se deben eliminar cientos de publicaciones en las que el periodista Alvarado y el medio Foco se refieren al candidato presidencial Ricardo Martinelli, quien tiene procesos pendientes con la justicia panameña, es errada y, además, raya en una censura previa la cual está prohibida por la constitución.
Vida pública
La demanda que fue presentada en contra de los comunicadores señala que, en las publicaciones realizadas hay una “campaña sucia” sin embargo, en ellas se habla sobre hechos reales que no solo fueron replicados por los comunicadores en cuestión, sino por muchos otros medios de comunicación panameños e internacionales.
De Obaldía indicó que, al momento en que una persona se convierte en un candidato que debe ser elegido por votación popular, debe presentar su hoja de vida para quienes deben votar conozcan sus ejecutorias.
“Cuando una persona está pidiendo un voto, abre su vida, abre su ejecutoria pública”.
Transparencia
Al mismo tiempo, de Obaldía indicó que, en Panamá se han visto cientos de demandas a medios de comunicación y es preocupante el hecho de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) tenga una gran “confusión” en cuanto a la Ley 81 de Protección de Datos Personales.
En ese sentido, se refirió a que en la ley existes dos clausulas en donde se establece que todo lo relacionado a fondos públicos es de interés público, y aun así, se multan a medios por utilizar fotos de “funcionarios públicos”.
“Generalmente cuando estamos de temas en los cuales los políticos se sienten ofendidos normalmente estamos viendo temas que tiene que ver con la ejecutoria pública y casos de corrupción”.
Fiscalización
Por otro lado, también se refirió al papel de la Contraloría General de la República la cual tiene como objetivo actuar como ente fiscalizador del Estado y evitar que los fondos públicos se despilfarren, sin embargo, eso no es precisamente lo que hace la contraloría actualmente.
“Nos hemos quedado sin la institución de control principal que debe estar haciendo la verificación y debe estar trabajando por asegurar el buen uso de los recursos que son de todos”.
Detalló que, desde la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, se presentó una demanda de inconstitucionalidad por la nueva ley de la contraloría que le permite actuar a discrecionalidad.
En ese mismo orden de ideas, abordó la situación del presupuesto general del Estado el cual ha aumentado drásticamente en los últimos años, siendo el gobierno uno de los principales empleadores del país y con un gran desmejoramiento en la calidad de atención en las instituciones públicas.
En relación a la idea anterior, detalló el peligro del aumento del presupuesto en pleno año electoral, sobre todo cuando no queda claro en qué se utilizarán esos fondos y cuestionó la eficacia del Tribunal Electoral en fiscalizar todos los fondos que se utilizarán en las campañas electorales.
Finalmente, Olga de Obaldía de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, se refirió a las nuevas reformas electorales aprobadas a escasos meses de la contienda electoral y advirtió que es una forma más de clientelismo para asegurar los puestos de los copartidarios.