Experto señala que contrato con Minera Panamá no es legítimo

Ciudad de Panamá, Panamá/El Gobierno Nacional y Minera Panamá S.A., afiliada local de la empresa canadiense First Quantum Minerals, Ltd, anunciaron el pasado miércoles 8 de marzo, que habían llegado a un acuerdo en conjunto sobre el texto final del contrato de concesión que regirá las operaciones a lo largo del plazo del Proyecto Cobre Panamá.

De acuerdo con lo establecido en el borrador final, este contempla un pago mínimo de 375 millones anuales, un incremento en el monto de regalías importantes, y someterse a estándares internacionales en material, ambiental, laboral y fiscal como el pago de impuestos sobre la renta, y de ITMBS, así como el pago de impuestos de retención de dividendos.

Por el momento, el texto de este acuerdo convenido estará a disposición de la ciudadanía durante su período de consulta pública. Una vez culminado este periodo, el contrato de concesión será llevado al Consejo de Gabinete que considerará autorizar al ministro de Comercio e Industrias a firmarlo y presentarlo para revisión y refrendo del Contralor General de la República.

Finalmente, este será presentado para su aprobación a la Asamblea Nacional y finalmente sometido a la sanción del presidente de la República, Laurentino Cortizo.

Para el abogado ambientalista, Harley Mitchell, pese a que la consulta pública es un derecho y un espacio obtenido por la sociedad civil, esta consulta busca legitimar lo “ilegitimable”.

“El fondo de este contrato es la parte importante debido a que este va más allá de la extracción de un recurso mineral determinado o varios de ellos y cómo se llega ahí. El mismo está convirtiendo al concesionario en una especie de poder de estado que combina todas las actitudes y todas las circunstancias que crearon al actual Canal de Panamá”, indicó Mitchell.

A su vez, señaló que todo lo estipulado en el contrato anterior que no realizaron durante los cinco años que se emitió el fallo de la Corte Suprema de Justicia y los dos años que duraron las negociaciones para este nuevo contrato vislumbrando una serie de “exageraciones”. 

El 21 de diciembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo donde declaraba de “inconstitucional” la Ley 9 del 25 de febrero de 1997, misma que fue firmada entre el Gobierno Nacional y Petaquilla Minerals, y sobre la cual se fundamentaban las operaciones de la minera Cobre Panamá.

Sin embargo, fueron muchas las inconsistencias que surgieron a raíz de este fallo que no fue emitido en Gaceta Oficial hasta el 22 de diciembre de 2020. 

Desde el punto de vista de Mitchell, este contrato esta realizado en su totalidad a favor de la empresa Minera Panamá, por lo que a su parecer, toda consulta o foro realizado para conocer la opinión del pueblo panameño servirá para que dentro de 60 años más sea utilizado de evidencia que se realizó la consulta. 

El contrato tendrá una vigencia de 20 años, sin embargo, este contiene una cláusula donde se establece la posibilidad de extenderse el acuerdo. Por el momento, el contrato no está disponible de forma impresa. Ante esto, Mitchell explicó que en el caso de que se imprima, es más fácil que se pueda autenticar.

“Para prueba en un proceso, es más difícil de autenticar y es más fácil de que te lo rechacen como prueba porque lo que está escrito ahí, por el solo hecho de promoverse, puede ser apología del delito. Es por este motivo que creo que lo facilitan, pero no tanto”, agregó.

Finalmente, Mitchell manifestó que este contrato cauteriza una herida jurídica en el sistema panameño donde es una prueba de que se busca acelerar los procesos para que el pleno de la Asamblea Nacional apruebe el mismo y sea considerado “legítimo”.