Expertos dudan que acuerdo de Barro Blanco ponga fin al conflicto

La firma del acuerdo de Barro Blanco, el pasado lunes 22 de agosto que fue considerado como un referente histórico, para la comunidad internacional, parece no ser la salida definitiva al conflicto y a los reclamos que han existido en torno al tema de la construcción de la hidroeléctrica.

Este domingo, en el programa Radar, se analizaron los diferentes ángulos del tema que podría no haber concluido con la firma del documento.

El cacique local Chito Gallardo, afirmó que no están del todo conformes con el acuerdo, ya que la petición original de los representantes de la comarca fue la cancelación definitiva del proyecto y cancelar las concesiones.

Aseguró estar satisfecho porque en el documento sí establecieron no otorgar más concesiones en la ribera del río Tabasará, pero el descontento surge porque “no lograron sacar a la empresa Genisa”.

También resaltó el compromiso que se estableció en responder a las comunidades que resulten afectadas y ello da cierta credibilidad a lo acordado.

Explicó que el organismo máximo de la comarca lo representa la cacica Silvia Carrera y lo que tenga que ver con la comarca debe ser aprobado por el congreso. Sin embargo, cuando se firmó el contrato que dio inicio al proyecto Barro Blanco, no se dio de esa manera porque no pasó por la aprobación de las autoridades comarcales.

En cuanto a los cuestionamientos de la representatividad de las autoridades que firmaron el diálogo, aseguró que fueron elegidos por votación popular y se mantienen a cargo. “Lo que pasó con los dirigentes del M10 es que se retiraron de la mesa cuando vieron que no se hacían las cosas que ellos pedían, explicó.

“Con el M10 no se va a poder hablar ni se podrá llegar acuerdo” – Chito Gallardo.

Por su parte, Jacqueline Ruiz, representante del despacho de la vicepresidenta y coordinadora del diálogo en Barro Blanco, explicó que el proceso de negociación tomó 19 meses y en un principio la mesa estuvo integrada “por quienes están protestando”, el Movimiento 10 de Abril.

Agregó que se hicieron 32 reuniones técnicas, en las cuales el Estado estuvo representado en diversas entidades para cubrir a la mayoría de las aristas involucradas en el problema.

Se estableció la verificación e inspección técnica por algunas incongruencias geológicas en el lugar donde se encuentra la obra y se identificaron 22 afectaciones que influían en las 5.8 hectáreas de terreno, en ejes económicos, sociales, culturales y ambientales.

A pesar de todo lo que ha surgido luego de la firma del acuerdo, el director de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), Roberto Meana, destacó que la empresa Genisa sí jugó un papel importante en el acuerdo.

Detalló que en un principio surgió rechazo al muro del proyecto, luego a la concesión y finalmente a la empresa Genisa y se dejó claro al grupo M10 que ellos eran el problema.

En la reunión surgieron cuatro aspectos importantes, entre ellos que Genisa se desprende de la administración de la hidroeléctrica y se la otorga a un tercero independiente y se estableció con transparencia que eso era lo mejor.

Por otra parte se constituye un fideicomiso en el Banco Nacional que va a tener la responsabilidad del pago de las deudas y todo lo que tiene que ver con el proyecto.

También se resuelve que todos los proyectos que se quieran hacer dentro de la comarca se consulten con las autoridades de la comarca.

Según Meana, la reacción se dio porque la empresa Genisa no tenía copia del acuerdo.

A juicio del analista José Eugenio Stoute, se falló en muchas cosas como el incumplimiento de parte de la empresa, durante el gobierno pasado se militarizó la construcción de la represa, se afectaron aspectos culturales, como petroglifos que ahora están bajo el agua.

Agregó que se violaron los derechos humanos de los indígenas.

Dejó claro que el conflicto es entre la empresa y el Gobierno. El acuerdo que se firmó fue entre autoridades de la comarca y el Gobierno sobre una propuesta que debe ser aprobada por el Consejo General comarcal.

“A la empresa Genisa se le garantiza todo y debe estar contenta”, dijo Stoute, porque al final no están siendo sancionados ni tienen que pagar nada.

Sobre la contratación del 50% de trabajadores de la comarca para que trabajen en el proyecto, Stoute dijo que se sabe que una hidroeléctrica no necesita muchos trabajadores y reafirmó que hasta el momento no hay ningún acuerdo definitivo.

Harley Mitchell, abogado Ambientalista expresó que no se puede tener un estado de paz, si no se considera el derecho y el acuerdo ha pasado por alto el Artículo 32 de la Constitución Política que dice que “nadie va a ser juzgado más de una vez por la misma causa y tiene que ser por los requisitos que estén en la Ley.

Agregó que hay varios puntos que causan preocupación y es el hecho de que el acuerdo no está en Gaceta Oficial, incluso debe ser aprobado por ley porque existen varias leyes que pueden tumbar el documento que se firmó. “El estado va a reflexionar de que no se puede promulgar el derecho, pasando por encima de la ley”, sostuvo el abogado.

No obstante, Meana explicó que una vez sea ratificado por el Congreso General, el acuerdo seguirá el proceso que se requieren para que sea amparado legalmente.

De acuerdo al analista y excanciller Jorge Eduardo Ritter, el acuerdo debe ser aceptado por todas las partes y toca revisar qué va a continuar y cuáles son las posibilidades de que el acuerdo suscrito sea el definitivo y que no sea arruinado por la empresa o por el congreso General de la comarca Ngäbe Bugle.

Reiteró que el acuerdo es definitivo entre el Gobierno y los pueblos originarios, pero para que sea el final del conflicto debe vincular a la empresa Genisa.