Contrato minero: En expectativa por fallo de la Corte se mantiene el Centro de Incidencia Ambiental

Ciudad de Panamá, Panamá/Una gran expectativa se cierne sobre el resultado que arroje la Corte Suprema Justicia, en cuanto a las demandas de inconstitucionalidad de la Ley de contrato entre el Estado y Minera Panamá.

Joana Ábrego, gerente de Legal del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), señaló que han participado en el periodo de alegatos presentando los argumentos y tratando de convencer a la corte,  por qué consideran se han infringido 11 artículos de la Constitución e instándoles a que se pronuncie sobre todo en el tema de protección ambiental.

Sobre esto último indicó,  que expertos internacionales han indicado que esta es la legítima defensa y lo que daría al país una mejor defensa en cuanto a procesos internacionales.

Consideran, además, que se ha violado el acuerdo de Escazú en relación a los procesos de participación ciudadana.

Mencionó algunos de los puntos presentados durante el alegato para considerar su oposición al contrato ley, en este sentido sostuvo, que en cuanto al tema ambiental se han infringido 4 artículos de la Constitución que constituyen el régimen ecológico y se le ha explicado a la corte cuál es la envergadura de este proyecto,  tanto a la luz de contrato, como de otros documentos claves.

Se les explicó en dónde se ubica el proyecto, el cual se mantiene en el corazón del corredor Biológico Mesoaméricano, en donde más de 100 especies han sido declarados con en algún nivel de amenaza o en peligro de extinción.

Impacto al ambiente

Sobre el impacto y recuperación del área la experta señaló que actualmente el proyecto solo ha explotado 2 de 6 tajos, por lo que la destrucción que se puede observar desde Google Earth, podría verse peor de continuar el contrato.

Esto no quita, que se deba hacer un proceso ordenado de cierre para minimizar el impacto futuro, por lo que no puede ser un simple “apaga y vámonos”, un cierre inmediato, este no es el proceso adecuado.

“Hemos hecho un llamado al gobierno nacional para contratar una auditoria externa por una empresa y que tenga la capacidad de apoyarles en el proceso y tomar todas las medidas para cerrar este proyecto en atención a la protección del ambiente y de la salud humana como corresponde en la legislación ambiental y hacerlo bien fundamentado para garantizar la mejor defensa del país en arbitrajes internacionales”, recalcó.

Por último,  agregó que actualmente se conforma una mesa para que la sociedad civil tenga un espacio basado en ciencia,  y expertos en áreas científicas y legal que puedan ayudar a entender a la ciudadanía en la medida que el proceso avanza.