Abogado califica de ‘temeraria’ la denuncia penal en su contra por investigaciones sobre NG Power

El pasado 1 de julio en Santa Rita de la provincia de Colón, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunciaba una estrategia energética que involucraba la sesión de derechos del contrato y licencia de Panama NG Power a Generadora Gatún, bajo la premisa de que esto provocaría una baja en el costo de la energía al consumidor; pero desde entonces muy poco se conoce de este asunto.

El abogado Moisés Bartlett, que por muchos años ha seguido el tema de la planta de generación eléctrica a base de Gas Natural Licuado NG Power, indicó al programa radial Mesa de Periodistas que, entidades como la Secretaría Nacional de Energía y la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), se han mantenido “herméticos” en suministrar información al respecto.

“Durante los últimos seis años yo me he mantenido enviando notas, recabando información, consultando a idóneos y expertos sobre el tema energético y particularmente, sobre Panama NG Power y la información fluía, pero a partir de esta administración, tras el mes de julio cuando se da el anuncio, se ha cerrado toda información y no existe ninguna fluidez para que los panameños conozcamos cómo avanza”, advirtió.

Bartlett especificó temas puntuales con relación a esta empresa energética que son de suma importancia y que deben ser resueltos, entre estos, el estudio de impacto ambiental que tiene una denuncia penal y una demanda de nulidad contenciosa administrativa ante Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Dicho tema, según el abogado, no ha sido resuelto o al menos, no ha sido incluido dentro de la página de la ASEP, ni existe ninguna información. Recordó que el estudio de impacto ambiental de NG Power es categoría 2 y no suple las necesidades y las exigencias de la normativa ambiental aplicable que exige un estudio de impacto ambiental categoría 3.

Otro de los asuntos pendientes, es el de la compatibilidad que debe otorgar la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

“Mediante una nota formal que suministró el exadministrador de la ACP, Jorge Luis Quijano, certificó que la Resolución del año 2011, le daba una compatibilidad muy limitada para la producción, generación de 150 MW (megavatios), lo que no cumple lo que se estableció en el contrato o concesión que es de 650 MW. Además, a la fecha, la actual administración, le otorgó una compatibilidad que está sujeta a una serie de condiciones, incluyendo el estudio de impacto ambiental”, recalcó.

Igualmente, se menciona la concesión de uso de suelo, subsuelos y riveras por parte de la Autoridad de Marítima de Panamá (AMP), que también indicó que daba la concesión sujeta a una serie de aprobaciones de la Contraloría General de la República.

Afirmó que hace unos meses tuvieron que ir ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), y allí fue que certificó que no se había prorrogado ninguna licencia, por lo que “no existe ningún precedente en el cual se pueda otorgar contrato o sesionar contrato para la generación de energía sin contar con una licencia definitiva o vigente, es decir se desconoce en qué punto está el proyecto anunciado por el mandatario Laurentino Cortizo.

Denuncia Penal por Extorsión

El abogado indicó que como consecuencia de estas acciones judiciales que son públicas y de acceso al ejercicio para la tutela efectiva de los derechos de la colectividad y de los panameños, el pasado 20 de julio, la empresa NG Power interpuso en su contra una denuncia penal que catalogó como “falsa y temeraria por extorsión”.

En la misma, planteaban que Bartlett, estaba realizando estas acciones con el interés de solicitar 100 mil dólares, que es un delito de extorsión, según el denunciado.

Además, “narran algunas cosas que no han sido respaldadas por ninguna prueba o elemento de convicción, porque este no ha sido el interés, lo que he generado es la necesidad de que el Ministerio Público y las autoridades de administración de justicia, investiguen los actos que a todas luces ameritan la investigación y que ha sido cuestionado por organismos distinguidos y serios”.

Dentro de esta denuncia, de acuerdo con el abogado, hacen alusión a un vehículo donde supuestamente, su persona realizó una persecución a un empleado o colaborador de la empresa, sin describir el nombre de esta persona y modelo del auto, pero haciendo alusión que quien perseguía, estaba en un vehículo que no es de su uso personal, sino de su familia.

Esto advierte, es una acusación "temeraria" que pone en riesgo a su familia y lo lleva a responsabilizar de manera directa a la junta directiva, accionistas de Panama NG Power y al mismo Estado por lo que pueda ocurriles.