Excomisionado recomienda que las estrategias de seguridad respeten las garantías y derechos de los ciudadanos

El gobierno busca endurecer las estrategias de seguridad que ha implementado con miras a reducir los niveles de criminalidad e inseguridad en áreas específicas como Colón y San Miguelito, midiendo el pulso a lo que pasa en el resto del país.

El presidente José Raúl Mulino, aseguró que el toque de queda en San Miguelito ha contribuido a disminuir los delitos, pero, reconoce que el caso de Colón es más complicado por la penetración del narcotráfico, por ello analiza el extender la medida a toda la población y no solo a los niños, niñas y adolescentes de estas regiones.

Para el excomisionado Carlos Icaza, toda medida encaminada a disminuir la violencia está bien. Dicho esto, recomienda al presidente que con las acciones que se tomen contra los delincuentes se respeten los derechos de aquellos que no tienen nada que ver, garantizando la tranquilidad del panameño.

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Considera que la extensión del toque de queda puede interpretarse para muchos como una violación al libre tránsito, la libertad de reuniones, entre otras cosas, por lo que esto debe tratarse con cuidado.

“Son necesarios los controles. Yo invitaría a que revisemos los números, las estadísticas expresan dónde están ocurriendo las cosas, dónde se necesita prestar o modificar”, consideró Icaza.

El Excomisionado señaló que hay que diferenciar entre las comunidades que ponen los muertos y de dónde viene el asesino, porque difícilmente las personas de un lugar se matan entre ellas.

En cuanto al narcotráfico, Icaza indica que hay que cortarle el oxígeno financiero a los que proveen a los distribuidores en las calles para ir menguando el problema. En ese sentido, dijo que la inteligencia de seguridad debe saber quién financia en cada región, y hacia allá es a donde se deben dirigir los esfuerzos.

No podemos ser ciegos en creer que la criminalidad está enfocada únicamente al pandillero. También debe ir contra quien financia esto”, expresó.

Culminó diciendo que se deben respetar las garantías de todas las personas, sean delincuentes o no. Además, recomendó que los agentes que hagan los retenes sean de zonas policiales distintas al lugar donde se ejecutará, y que se hagan de forma sorpresiva para que no haya fuga de información.