Los exclusivos beneficios de los diputados en la Asamblea: ¿Necesidad o exceso?
Asamblea Nacional
Con un salario de $7,000 que incluye gastos de representación, dietas y pago de combustibles, los diputados de la República obtienen una serie de beneficios equiparables a los de un ministro de Estado. Sobre la mesa ya se ha puesto el renunciar a estos privilegios, ¿Quiénes ya lo han hecho?
Ciudad de Panamá/Desde que fue creado el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional, se estableció una serie de privilegios para los diputados por su servicio a la nación, sin embargo, en los últimos años y conforme al desempeño de quiénes integran este Órgano del Estado, considerado por muchos el más importante, se han planteado serios cuestionamientos sobre dichos beneficios.
Desde comprar autos con exoneraciones en impuestos de importación, hasta recibir 2,000 para combustible y dietas, faltar a las sesiones (su trabajo) sin que eso afecte su salario, entre muchos otros, forman parte de los beneficios establecidos en la Ley 49 del 4 de diciembre de 1984, que integra el RORI de la Asamblea, de los cuales gozan todos los diputados de la nación, una vez llegan al cargo. Sin embargo, si así lo quisieran, los mismos pueden renunciar a todos o algunos de ellos.
¿Cuáles son esos beneficios?
Según datos de la Contraloría General de la República, los diputados devengan un salario base de $1,800, a esto se suma $3,200 por gastos de representación, $1,000 para dietas y $1,000 en combustible, dando un monto final de 7 mil dólares mensuales.
Además de los que ya mencionamos al inicio de esta nota, los diputados tienen los siguientes privilegios: franquicia postal, franquicia telefónica, manejo de partidas, presupuesto de planilla de hasta $20,000 al mes, fueros parlamentarios, pasaporte diplomático, no tienen responsabilidad penal por las opiniones que emitan dentro de un debate, placas vehiculares exclusivas para ellos y sus familiares.
La revisión y posible eliminación de algunos de estos privilegios ya se ha puesto sobre la mesa, con alegatos para mejorar la percepción pública y aumentar la confianza en la Asamblea Nacional, garantizando que los diputados estén verdaderamente al servicio de la nación y no de sus propios intereses, no obstante, la discusión de estos temas ha quedado en segundo plano en el quinquenio próximo a finalizar.
“Para transparentar la casa del pueblo los próximos años, es fundamental impulsar las reformas del reglamento interno para diputar esas pautas necesarias para un buen funcionamiento”, considera Jorge Bloise, diputado electo por la libre postulación, miembro de la coalición Vamos, agrupación que recibió la mayor cantidad de votos en estas elecciones generales por su visión hacia la transparencia y rendición de cuentas.
Los cuestionamientos por los beneficios se reavivaron luego que una investigación periodística del diario La Prensa revelara los montos y nombres de los diputados que realizaron importaciones de autos entre 2019 y 2024, llegando a un monto de $5.3 millones, con exoneraciones de $1.4 millones, por la importación libre de gravamen a la que tienen derecho (por ley).
Millones en planilla
Conforme a los establecido en el artículo 232 del reglamento de la Asamblea, en virtud del buen funcionamiento podrán tener una administración propia del presupuesto. En esta vigencia fiscal
En la vigencia fiscal 2024, la Asamblea Nacional recibió un presupuesto de más de $150 millones.
La reducción del presupuesto de la Asamblea para la vigencia fiscal de 2025 es uno de los temas que ya está siendo planteado, por las caras nuevas de la Asamblea, asegurando que, si se reducen los gastos de planilla de cada diputado, se podría funcionar con el 50% del presupuesto actual.
Por ejemplo, al realizar una comparación de gastos de planilla entre el diputado Juan Diego Vásquez, jefe de la bancada independiente y líder de la coalición Vamos, con el diputado Raúl Pineda, quien es miembro de la cúpula del partido gobernante, la diferencia es de miles.
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En el caso de Vásquez, quien propuso las reformas al reglamento y renunció a los beneficios en 2019, cuenta con cuatro funcionarios nombrados en su despacho, quienes devengan salarios desde $1,000 hasta $3,500. Según las cifras de Contraloría, en el mes de abril el despacho de Vásquez generó $9,950 en salarios.
Por otro lado, en el caso de Pineda, registra 10 funcionarios nombrados en su despacho, quienes devengan salarios desde $1,500 hasta $2,500. En el mes de abril, el despacho de Pineda gastó $17,500 en salarios. Una diferencia de $7,550, que, en la vigencia fiscal de un año, podría resultar en un ahorro de $90,000, si redujera su personal operativo.
Si llevamos estas cifras a los 71 diputados, estaríamos hablando de $6.3 millones en reducción [solo en planilla].
¿Quiénes han renunciado a los privilegios?
Hasta ahora, un grupo de 20 diputados independientes y sus suplentes, han decidido renunciar a los privilegios a los que tienen derecho. Los diputados electos por MOCA aún no han hecho pública su decisión sobre el tema, pero sí han tenido acercamiento con la bancada de Vamos, con miras a mejorar la transparencia en la Asamblea.
Los mismo ocurre en la bancada Panameñista y el Partido Popular, quienes han expresado que ya han mantenido conversaciones con los independientes y aseguran estar dispuestos a formalizar consensos para trabajar en los cambios profundos que clama la ciudadanía.
Propones al resto de las bancadas lo siguiente: La reducción de por lo menos el 50% del presupuesto de la Asamblea Nacional y aprobar cambios profundos en a su Reglamento Interno”, señala un comunicado del partido Panameñista.
Por otro lado, la bancada del PRD, Cambio Democrático, Molirena y Realizando Metas, han emitido pocos comentarios al respecto, pero algunos de sus dirigentes han expresado como que son necesarios para sus funciones parlamentarias.
La revisión de los beneficios otorgados a los diputados de la Asamblea Nacional pone de relieve una serie de privilegios que, aunque en algunos casos justificados por la necesidad de apoyar sus funciones legislativas y representativas, también generan controversia y cuestionamientos sobre su pertinencia y justicia. La Ley 49 del 4 de diciembre de 1984, que establece estos beneficios, si bien pueden facilitar la labor parlamentaria, también pueden ser percibidos como excesivos por parte de la población y de algunos diputados que se oponen a estos privilegios.