Empresas no descartan solicitar la suspensión de contratos tras la crisis que vive el país

Ciudad de Panamá, Panamá/Luego de que se diera a conocer que representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), habrían solicitado la activación de los trámites respectivos para la suspensión de contratos de trabajo a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, debido a la actual crisis en la que se encuentra el país, el abogado y presidente de Conep, Rubén Castillo, aclaró que esta información no se ha divulgado de forma correcta.

En entrevista para TVN-2.com, Castillo explicó que, la ley, en los casos de empresas que no pueden funcionar, les permite reducir las jornadas conforme a un trámite y también solicitar la suspensión de los efectos del contrato de trabajo.

"Esto no es automático, pero está en la Ley. Nosotros, en cada caso que se dé una situación cómo está, las empresas están habilitadas para hacer la solicitud. Las empresas quieren trabajar, nadie quiere paralizar. Esa es la realidad", indicó.

Agregó que nadie quiere que haya una situación como la vivida en tiempos de pandemia.

Por situaciones de hecho, muchas empresas no han podido trabajar y tienen el derecho a reducir las jornadas o, en algunos casos donde no hay ninguna actividad económica, suspender los efectos del contrato precisamente para proteger los puestos de trabajo. — Rubén Castillo - Presidente del Conep

Con respecto a la pregunta de cuántas empresas han comenzado a aplicar estas medidas o si alguna lo ha hecho, Castillo señaló que por el momento no han cuantificado o hecho una encuesta sobre esto.

"Pero si seguimos así, yo estoy seguro de que muchas empresas lo van a solicitar porque, en algunos casos, no hay actividad económica como los hoteles y algunos restaurantes. Son situaciones que se van agravando si esto no cesa rápidamente. Insisto: Las empresas quieren trabajar. No desean caer en esta situación que ha sido consecuencia de un estado de cosas casi anárquicas", puntualizó.

Sobre las pérdidas, Castillo señaló que desde el comienzo de las jornadas de cierre de calles estiman pérdidas de 80 millones de dólares diario y que se está hablando de una situación compleja dado que existe una afectación sobre la micro, pequeña y medianas empresas y que muchas no se podrán recuperar de esta situación.

"Luego la misma actividad económica en general que no se puede realizar. Por ello estamos solicitando que cesen los cierres de calles. No hay actividad comercial y económica en general sin movilidad. La movilidad es esencial. Nosotros hemos dicho que respetamos las manifestaciones, pero el tema de los cierres de calle es algo que está trayendo caos", manifestó.

El artículo 159 del Código de Trabajo establece que, "en los casos en que por razones de crisis económica grave de carácter nacional, caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados por las autoridades administrativas de trabajo, se ponga en peligro la existencia de la fuente de trabajo, se podrá, de manera temporal, modificar o reducir los horarios o la semana de trabajo, correspondiente, con el consentimiento de la organización sindical, o de los trabajadores donde no exista esta, siempre que se acuerden los métodos para lograr la recuperación gradual de la jornada de trabajo a los niveles existentes antes de la crisis".

Libre circulación

Por otra parte, por medio de un comunicado, la Conep solicitó la reapertura de las vías y se permita la libre circulación de los ciudadanos.

Según la organización, han manifestado en reiteradas ocasiones que el bloqueo de las vías no es una forma democrática de protestar y que esta configura una violación continuada de los derechos de terceros y, además, causa efectos directos en la vida cotidiana de los ciudadanos como insumos médicos que no pueden llegar a los hospitales, personas que no pueden recibir tratamientos esenciales, productos alimenticios que se pierden, y en general poniendo en peligro la estabilidad de las empresas y por ende de los empleos.

"La falta de presencia de las autoridades ha permitido, que más allá del cierre de calles, se verifiquen actos delictivos, como el cobro para poder transitar. En Chiriquí, provincia que tiene un gran peso en la producción de alimentos para el país, existen once cierres de vías. Esto es inaceptable y violatorio del derecho que tienen los ciudadanos a transitar libremente; además, afecta la matriz productiva de la región, la distribución segura de alimentos al país y a miles de puestos de trabajo", expresaron.

Añadieron que el Estado tiene la obligación de proteger la vida, honra y bienes de los asociados y a garantizar el derecho humano del libre tránsito y que, de igual forma, es fundamental que exista certeza del castigo para quien viole principios básicos de un sistema democrático.

Los cierres de calles y manifestaciones se han intensificado luego de 12 días como medida de oposición a la Ley 406 del 20 de octubre de 2023 que aprueba el contrato de concesión minera celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Panamá, S.A.

Luego de ser aprobado en tercer debate el proyecto de Ley 1110 que prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de la explotación de la minería metálica en todo el territorio nacional; el presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, sancionó la Ley 407 en donde se aprueba una moratoria minera metálica indefinida, la cual ya se encuentra publicada en la Gaceta Oficial desde el viernes 3 de noviembre.