Empresa involucrada en caso Blue Apple es beneficiada con contrato directo

La sociedad civil cuestiona la adjudicación de un contrato directo a un empresario involucrado en el caso Blue Apple. El ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt, asegura que aún Secretaría de Metas evalúa los proponentes.

El Consejo de Gabinete aprobó este 11 de septiembre al Ministerio de Seguridad una contratación por procedimiento excepcional a la empresa Ingeniería REC. S.A. para diseñar y construir el cuartel de la Policía de Colón por 7.1 millones de dólares. El director ejecutivo de esta empresa es Eduardo Di Bello, vinculado a Blue Apple.

“No es nada más perseguir a esa compañía o ese individuo. Haberle dado la oportunidad a través de la colaboración eficaz era para impedir el próximo acto de corrupción”, declaró Olga De Obaldía, de Transparencia Internacional.

“Se permite individualizar a ciertas personas con un tratamiento que causa dudas sobre cuál es el verdadero propósito”, cuestionó el abogado Juan Carlos Araúz.

Di Bello, fue vinculado al proceso Blue Apple, en el que llegó a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía, devolvió 1.3 millones de dólares y aceptó el pago de coimas. La causa fue archivada.

El ministro de Seguridad respondió a estos señalamientos.

“El cuartel de Colón, entiendo que la Secretaría de Metas está haciendo el trabajo con los proponentes por invitación y posteriormente se hará el procedimiento de contratación que establece la ley”, manifestó Bethancourt.

El empresario aceptó haber realizado pagos por 1.7 millones de dólares vinculados a contratos que le habían otorgado, entre ellos uno del Ministerio de Vivienda.

“Cuando esa sanción no se da, da la impresión a la ciudadanía que estamos viendo una administración de justicia penal ineficaz”, lamentó De Obaldía.

Para el expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Rubén Castillo, hay que modificar la Ley de Contrataciones Públicas para evitar la corrupción.

““La contratación directa debe ser la excepción y no la regla. Es evidente que si alguien ha sido condenado, ha aceptado culpa en actos de corrupción, no debe participar en una contratación pública”, acotó Castillo.

El directivo de REC. S.A. aceptó haber hecho pagos por los contratos del proyecto residencial Nueva Providencia en Colón.