Embajada de EEUU en Panamá destinará $1 millón a la lucha contra la corrupción
El anuncio se realizó en el Congreso Internacional de Anticorrupción.
Durante el segundo Congreso Internacional de Anticorrupción que se desarrolla en el país, el procurador de la Nación, Javier Caraballo, se refirió a los avances de Panamá en la lucha contra la corrupción, asegurando que se han dictado más de 200 sentencias por delitos contra la administración pública.
Del evento participaron magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales del Ministerio Público y miembros de la Embajada de los Estados Unidos; en el mismo se busca establecer estrategias para atacar los casos de corrupción en el país.
De acuerdo con Caraballo, del 2018 al 2024 se han realizado un total de 452 sentencias; de estas, 217 han sido por blanqueo de capitales y 235 por delitos de administración pública.
Nuestra exposición, hace un momento decíamos que hemos, en los últimos tres años, hemos aumentado en un 200% las sentencias en los delitos contra la administración de justicia”, expresó el Procurador.
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Agregó que falta mucho por hacer, pero recalcó que eventos como este permiten de alguna manera tratar de alinear a todos los actores que tienen que ver con el tema a fin de ver si la lucha anticorrupción se puede hacer de manera integral, es decir, no sólo con la persecución penal.
Por su parte, la embajadora de los Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, habló de un aporte económico que van a estar realizando para el 2025 destinado a cada una de las fiscalías para ir combatiendo estos actos de corrupción.
“En las próximas semanas entregaremos equipamiento a las fiscalías anticorrupción valorado en casi doscientos mil dólares. Hoy me complace anunciar que esto no va a ser todo. En el 2025 duplicaremos esta inversión en la lucha contra la corrupción y destinaremos un millón de dólares a estos esfuerzos”, expresó Aponte.
En tanto, la administradora de Antai, Sheyla Castillo, dijo que hasta el momento adelanta de 10 a 12 investigaciones de casos de alto perfil por las faltas al código de ética del servidor público.