¿Han sido efectivos los esfuerzos del Gobierno para erradicar la pobreza?, expertos analizan las estrategias
El destinar $224.6 millones anuales en programas de Transferencia Monetaria Condicionada, no ha sido suficiente para que en Panamá dejen de haber sectores donde el 96.1% de su población no cuenta con los servicios básicos y viven en extrema pobreza. Esta realidad ha situado al país como una de las naciones más desiguales en América Latina.
Para contrarrestar este flagelo en el primer año de su mandato, el presidente de la República Laurentino Cortizo y la exministra de Desarrollo Social, Markova Concepción presentaron el plan Colmena denominado “Panamá libre de pobreza y desigualdad, la Sexta Frontera”.
El mismo tiene como meta transformar en 5 años la calidad de vida de 777 mil panameños que viven en pobreza multidimensional, en 300 corregimientos de 63 distritos de todo el país, pero ¿cuáles han sido los primeros resultados que ha tenido esta estrategia? ¿Con la situación actual de la pandemia, sigue siendo viable este plan para la erradicación de la pobreza multidimensional?.
Para el politólogo y miembro del Frente Amplio por la Democracia (FAD), Richard Morales, el combate a la desigualdad y pobreza no paso de un discurso de campaña de Cortizo.
“El plan Colmena, dirigido a los corregimientos más pobres, terminó como una especie de programa de caridad entre el gobierno y la empresa privada, un alivio momentaneo que no atiende las condiciones estructurales que causan la desigualdad y pobreza. El gobierno no presentó ningún plan para ampliar la cobertura y calidad de los servicios públicos, dirigir inversión productiva generadora de empleo a las áreas más precarias del país o una reforma fiscal progresiva, que son ejemplos de políticas sociales, económicas y fiscales que contribuyen a combatir la pobreza”, aseveró Morales.
El politólogo consideró que, con el escenario actual de la pandemia, el Gobierno debió implementar una estrategia para contrarrestar la desigualdad, con una redistribución de recursos con prioridad en los sectores más afectados.
“Solo se repartió un bono mísero de manera generalizada, haciendo que los pobres, cuyos trabajos y fuentes de ingreso son más precarios, terminen cargando con los costos de las medidas. La estrategia para ser efectiva debía compensar por las desigualdades en el país”, indicó.
Agregó que, a un año del gobierno, el saldo de las decisiones tomadas se refleja en “una mayor concentración de la riqueza y ampliación de la pobreza. Si no están dispuestas a afrontar las causas de la pobreza y desigualdad en un modelo concentrador y excluyente, seguirán deteriorándose las condiciones de vida de la población”.
En tanto para el economista, Juan Jované, los planes para efectos de disminuir los niveles de pobreza deben reformularse y adecuarse al panorama actual. En ese sentido dijo que la prioridad del Gobierno debe centrarse en velar por mantener lejos de la vulneralidad la capacidad productiva de los trabajadores que en su mayoría se mantienen confinados por la pandemia.
Esa capacidad dijo Jované, se está viendo deteriorada no solo por el virus, para aquellos que se han contagiado, sino al no alimentarse adecuadamente, a consecuencia de que un bono de $80 que desde julio será de $100 por mes, no es suficiente para alimentar a una familia, ya que no cubre ni una tercera parte de lo que cuesta la canasta básica.
"Lo más importante ahora es sostener la fuerza de trabajo, el Gobierno debe hacer un esfuerzo por elevar el monto de ayuda que le está dando a la población, porque la apandemia ha ocasionado que muchos más hogares se sumerjan en la pobreza extrema", sostuvo.
Un informe publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señala que, producto de la pandemia de coronavirus, la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad aumentarán en todos los países de la región.
El incremento ocurriría principalmente porque la enfermedad llega a nuestros países en un contexto de bajo crecimiento económico y alta desigualdad.
La caída del Prducto Interno Bruto regional de 1,8 a 4% podrían hacer crecer el número de pobres en la región que pasaría de los 185 millones actuales a unos 220 millones, sobre un total de 620 millones de habitantes. Por su parte, el número de personas que viven en la pobreza extrema ascendería de 67,4 millones a 90 millones.
