Caso Odebrecht: Defensa pide sobreseimiento para los hermanos Martinelli Linares

A eso de las 6;00 p.m., de este martes 27 de septiembre,| culminó el día 12 en la audiencia preliminar del caso Odebrecht. La fiscal superior Ruth Morcillo dijo que al final de los alegatos de la defensa, responderá a las incidencias presentadas.

Morcillo dijo que hará una explicación muy breve de la investigación, que abarcará una conceptualización del tipo penal a razón que los argumentos de las partes en estos tres semanas de audiencia han encaminado sus alegatos más que en explicar la trazabilidad de las cuentas que el Ministerio Público expuso, se han alejado del tipo penal de blanqueo de capitales, que es la norma que hemos investigado.

Aclaró que en ningún momento se ha sostenido que la causa trate de una figura de soborno internacional como para exigirle a los vinculados que cumplan con esa norma penal. "A los vinculados se les formula cargos por blanqueo de capitales con delito precedente el soborno internacional", resaltó.

Este martes continúan los alegatos de los abogados defensores de los imputados por el caso Odebrecht, en la audiencia preliminar que alcanza la docena de días, donde al unísono es “la fiscalía no ha logrado probar el delito”, “mi cliente no sabía que se trataba de dineros ilícitos” o “la empresa Odebrecht gozaba de buena reputación”.

Después de escuchar a tres de los defensores en turno, la jueza Marquínez decretó un receso de mediodía hasta las 2:00 pm, cuando se reanude la audiencia le tocará a la abogada Alma Cortés alegar.

Esto como parte de la estrategia que busca desarticular la teoría del caso presentada por el equipo de la Fiscalía Anticorrupción, que ha defendido su postura reiterando que el expediente está fortalecido, se hicieron las vinculaciones de los imputados, y han probado el hecho punible, por lo que confían en el llamamiento a juicio.

Aún faltan por alegar los defensores de los hermanos Luis Enrique Martinelli Linares, Ricardo Alberto Martinelli Linares, los del expresidente Ricardo Martinelli, Jaime Lasso, entre otros.

Importadora Ricamar S.A

Retomada la audiencia, la abogada Alma Cortés, defensa de la empresa Importadora Ricamar S.A, continuó la fase de alegatos resaltando solicitando el sobreseimiento definitivo de dicha empresa, haciendo una breve reseña histórica desde su fundación en 1961, aseverando que sus actividades son completamente lícitas y genera más de 7 mil empleos directos, adquirida por Ricardo Martinelli Berrocal en 1986.

Dijo que le llama la atención que el Ministerio Público no se preocupó en revisar y explicar lo que dispone la Ley sobre lo que es una persona jurídica. Leyó las sanciones que se le aplican a las personas jurídicas que son usadas para cometer delito, aunque no sea beneficiada por el delito, entre las que menciona una multa superior a 5 mil dólares, inhabilitación para contratar con el Estado, suspensión de la sociedad entre otras.

Cortés señaló que, de darse el caso de llegar a la Presidencia en el 2024, Ricardo Martinelli reformará los términos de la prescripción de los delitos que no pueden quedar a discreción de los tribunales, sino que debe ser algo automático. 

El sobreseimiento definitivo no va a ser suficiente, porque el daño que le han hecho a Ricamar no tiene forma de ser indemnizado… es terrible la afectación, el tratar a una filial como lavadora de activos, cuando se ha manejado cumpliendo con la Ley”

En su defensa trajo a colación un análisis del procurador Javier Caraballo donde habla sobre la investigación del blanqueo de capitales y la participación de la persona jurídica, señalando que el Código Penal del 2007, que por primera vez incluye la responsabilidad de la persona jurídica, sin embargo, el artículo 51 del Código Penal está ubicado en las normas generales, lo que significa que no tiene un tipo penal, porque no está en el Código Penal, sino en las generales.

Destacó que importadora Ricamar S.A, solo recibió pagos por los compromisos o deudas del partido Cambio Democrático, porque desde que se convocan las elecciones generales se abre el periodo electoral donde los candidatos tienen derecho a solicitar donaciones, pero la Fiscalía señala que no son donaciones, sino coima “¿Coima de qué?”, cuestionó Cortés, asegurando que quienes sí pidieron coima fue el gobierno anterior, el de Martín Torrijos.

Continuó alegando que cuando Martinelli recibió donaciones no era un servidor público, era un candidato a la Presidencia, por lo que han advertido que el Ministerio Público no cumplió con lo que dispone la Ley para la investigación de los delitos financieros. 

Volvió a apelar por la inexistencia de un informe financiero idóneo por parte de la Unidad de Análisis Financiero o al Instituto de Medicina Legal, para sustentar que Ricamar recibió dineros ilícitos, lo que rechazó alegando que Odebrecht en el 2008 era una empresa de prestigio.

Linda Gesto Johnson

Culminados los alegatos de Importadora Ricamar, Cortés continuó con la defensa de Linda Gesto Johnson vinculada al caso producto de unos pagos que recibió de unas cuentas que, según el testigo protegido se abrieron para ayudar económicamente a varias personas en razón de su amistad con Ricardo Martinelli.

Ante ello Cortés, dijo que Gesto Johnson nunca ha sido investigada por ningún tipo de delito de patrimonio contra el Estado. Descartó que haya sido funcionaria del Estado en el periodo de 2009 al 2014, sin embargo, en la actualidad si lo es.

Además, afirmó que Gesto Johnson nunca tuvo conocimiento de la existencia de ninguna cuenta y de ninguna tarjeta, pues es una persona que tiene solvencia económica y no requiere de apoyo económico, por lo que pidió se le excluya de la investigación por la afectación moral y familiar que le está causando y un sobreseimiento definitivo en virtud de que asegura no haber cometido ningún tipo de delito y lamenta estar involucrada en esta situación.

También pidió disculpas por no haber acudido a las diligencias de indagatoria en el pasado al haber sido mal asesorada.

María Bagatelas de Papadimitriu

Ana Belfon, abogada de María Bagatelas de Papadimitriu, alegó que la inasistencia de la señora Bagatelas de Papadimitriu en la audiencia no es voluntaria ni por desatención, sino por la razón de que no está en capacidad de comprender los hechos investigados ni conducirse con respecto a esa situación.

Belfon explicó que Bagatelas de Papadimitriu enfrenta un padecimiento de carácter físico y psíquico, pero también de capacidad legal para comprender el presente proceso y en consecuencia debería encontrarse desvinculada del mismo.

Por todo lo anterior, la abogada solicitó un sobreseimiento de carácter definitivo para la señora Bagatelas de Papadimitriu, fundado en el numeral dos del artículo 2207 del Código Judicial al resultar con evidencia que el hecho investigado no ha sido ejecutado..

María Bagatelas está viva solo que no tiene capacidad ni física ni legal en este proceso, remarcó.

Destacó que cuando a su representada se le ligó al proceso ya se encontraba enferma, pues tiene el padecimiento que le afecta de manera progresiva desde 2015, pese a ello, refutó, el Ministerio Público ha sido reiterativo en solicitar su llamamiento a juicio.

Indicó que durante toda su vida su defendida fungió como compañera comercial de su esposo y por tanto es beneficiaria final de las empresas que fundó su pareja, quien ya falleció.

Para Belfon, no puede resultar cierto que un indicio de carácter cultural y contexto matrimonial en el caso de Bagatelas de Papadimitriu, sea imputable a la responsabilidad que le puede concernir en las sociedades que se señalan, se encuentran involucradas con Odebrecht.

Demetrio Papadimitriu

Nicolás Brea, representante legal, de Demetrio Papadimitriu, ministro de la Presidencia durante la gestión de Ricardo Martinelli, inició sus alegatos asegurando que los cargos de blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos imputados a su cliente son falsos, porque estos hechos no ocurrieron de la forma en que han sido imputados.

Brea hizo énfasis en el delito precedente y dijo que si no hubo corrupción de funcionarios no hay blanqueo de capitales, pese a que la Fiscalía ha insistido en el soborno internacional y que los beneficiarios finales eran altos funcionarios de Gobierno.

Recordó la existencia del Decreto Ejecutivo de 2 de julio de 2009, que entre otras cosas delegó la planificación y ejecución de la Línea Uno del Metro de Panamá a una secretaría, en ese momento adscrita al Ministerio de la Presidencia, a cargo de Roberto Roy, el cual no está vinculado al caso.

A consideración de Brea, esto debe excluir a Papadimitriu de cualquier vinculación con el caso, a razón de que este no mantuvo relación con el proyecto del Metro, desarrollado a través de la constructora Odebrecht.

“En la indagatoria de septiembre de 2017 nos presentamos y Padimitriu dijo yo no tengo nada que ver con la Línea Uno del Metro… No soy ingeniero y no conozco eso”, reiteró Brea.

Brea reconoció que Diamantis Papadimitriu, el fallecido padre de Demetrio realizó contratos para el suministro de artículos de construcción de la autopista Maden Colón y otros proyectos con Odebrecht.

Sin embargo, negó que haya habido dolo en esas negociaciones. Aclaró que Demetrio desconocía de los negocios que efectuaba su padre. 

Jaime Lasso

El abogado de este último, Cosme Moreno, empezó presentando un incidente de nulidad por doble juzgamiento a favor de Lasso, señalando que nadie puede ser investigado y penado dos veces por el mismo hecho, basado en que en el 2015 se inició la investigación del caso Odebrecht a raíz de la denuncia de Alvin Weeden, un año después de que se investigaran la cuentas de su cliente. 

Además, se investigó el círculo familiar directo de Lasso, sus cuentas bancarias, transacciones, ingresos, egresos y el perfil de las personas con las que tuvo relación comercial durante el periodo del 2009-2013, incluyendo las transacciones con el expresidente Juan Carlos Varela. 

Aseguró que los fondos recibidos fueron donaciones para los trámites de reproducción, y como debieron ser acreditados con prontitud, tuvo que utilizar fondos de su cuenta corriente personal para el manejo de transacciones y las transferencias enviadas se usaron para reponer los fondos de la cuenta personal de Lasso. 

Aclaró que en aquella ocasión se investigaron los mismos fondos y las mismas cuentas y transacciones por las cuales hoy es nuevamente imputado Jaime Lasso, por lo que se encuentran ante una figura de doble juzgamiento.

Se apoyó en los testimonios de André Rabello, que dijo que había enviado dinero como aporte a un proyecto de reproducción asistida y Ramón Carretero manifestó que los pagos realizados por Lasso eran por artículos promocionales utilizados en la campaña política. 

Resaltó que Lasso desconocía que los fondos que recibían provenían de actividades relacionadas con el soborno internacional y en ese momento la empresa Odebrecht gozaba de buena reputación internacional.

Navin Bhakta

Mientras que Guillermina McDonald, abogada de Navin Bhakta, en su presentación habló sobre la empresa que permitió la compra del helicóptero y una corta biografía de la vida de su cliente, aseverando que es un hombre trabajador, padre de familia y empresario que para el 2007 manejaba una línea de crédito de más de 7 millones de dólares por lo que no tenía necesidad de meterse en problemas, tenía una vida ocupada, en la que viajaba constantemente.

Señaló que como el señor Bhakta viajaba mucho al interior del país para visitar a sus clientes utilizaba muchos helicópteros, apuntó que al conocer la dinámica de la inversión de la carga de la prueba con relación a los bienes cautelados por el Ministerio Público, la defensa decidió presentar un análisis financiero que explique la trazabilidad de los fondos que se usaron para comprar el helicóptero y darle la explicación lógica de la necesidad de comprar un helicóptero o participar en la compra de uno.

Dijo que Bhakta se encontró por primera vez con Ricardo Martinelli Berrocal en la Junta Directiva del Banco Panamá, a la que también pertenecía él, como el expresidente Juan Carlos Varela y otras personas de renombre.

Resaltó que, en la indagatoria de Evelin Vargas, ella solo indica que se compró un helicóptero, más no que el dinero con el que se adquirió era ilícito. Recordó que cuando salen las noticias del helicóptero, el exmandatario Martinelli publicó los cuatro cheques con los que se pagó la aeronave.

McDonald aseguró que el Ministerio Público se equivocó en la investigación, pues en Guatemala, donde se hace la aeronave es donde está la sociedad Franco Naves S.A, con quien se hace el negocio de la compra venta, no en Panamá.

“Lo que se quería realmente era involucrar a Navin Bhakta de todas formas en la investigación. No sé qué fue lo que pasó, no sé quién, ni por qué alguien decidió que en la trama vivida en el quinquenio pasado Navin Bhakta tenía que estar ahí de todas formas”, expresó.

También dijo que Ricamar S.A, no puso ningún cheque en la inversión, ni firmó el contrato de compra con Franco Nave S.A Guatemala, aseverando que no existe relación entre Ricamar con el helicóptero.  

Tachó a la fiscalía de Frankenstein con diferentes estilos de investigación porque tiene varios fiscales ahí metidos, recordando que la investigación la realizaba Tania Sterling.

Resaltó que Corporación del Istmo era de su representado desde el 2009 hasta el 2012, cuando por circunstancia de geografía se ve forzado a entrar en negociaciones con la familia Martinelli, pero recalcó que Bhakta estaba desarrollando su hidroeléctrica solo en los ríos San Bartolo, donde también los Martinelli habían comprado para el mismo fin. 

Concluyó sus alegatos haciendo referencia a la trama de la compra de dos buques por parte de Raúl Saint Malo, aseverando que su cliente no tenía cómo saber de dónde procedían los fondos, y pidiendo el sobreseimiento definitivo porque lo actuado por Bhakta no constituye ningún delito, ni se ha probado un delito en su contra. 

Ricardo Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares

Luis Eduardo Camacho, abogado de los hermanos Martinelli Linares inició sus alegatos asegurando que este sí es un caso histórico, por la manipulación que según él, hizo el expresidente Juan Carlos Varela hizo orquestando la investigación en la que ahora él también figura.

Aseveró que este proceso no se tenía que llevar bajo el Sistema Inquisitivo sino bajo el Sistema Penal Acusatorio.

Luego de una presentación en la que hasta se encomendó a Dios y pidió sabiduría para la jueza Marquínez, pidió sobreseimiento definitivo para los hermanos Martinelli Linares, ya que, el Ministerio Público no explicó cómo se configura el tipo penal por el que están solicitando el llamamiento a juicio.

Camacho procedió a explicar en qué consisten los delitos por el que se les señala a sus defendidos: el soborno internacional y el blanqueo de capitales.

“Lo que el Ministerio Público no hizo desde esa providencia indagatoria es explicarle a usted que tiene que resolver esta causa cómo se configura el delito de soborno internacional, porque no es desde el momento que se despliegan actos con el propósito de apariencia de licitud, no… tiene que existir un delito precedente acreditado”, aseveró.

Seguidamente indicó que lo juzgado en Estados Unidos, donde la norma no tiene nada que ver con la panameña, asegurando que los errores son intencionales, sin mayores explicaciones de cómo se acredita el soborno internacional.

Utilizó las mismas declaraciones hechas por André Campo Rabello, que indican que los parientes se dedicaban a labores de lobbismo para resolver problemas, agilizar trámites y pagos a favor de la empresa Odebrecht, sin embargo, recalca que la Fiscalía no establece cómo se configura el delito precedente, ni cómo los hermanos Martinelli Linares incurrieron en el delito de blanqueo de capitales. 

Recalcó que el delito de soborno internacional no ocurrió, y si no hay soborno internacional, no hay blanqueo de capitales, señalando que, aunque el Ministerio Público pida el llamamiento a juicio, la jueza debe ser la balanza en el caso y hacer justicia, asegurando que la única manera que se pueda llamar a juicio a los hermanos Martinelli es que lo que llaman lobbismo se encaje en el soborno internacional y no hay manera. 

El defensor aseguró que según las pruebas presentadas por el Ministerio Público no hay ocultamiento, ya que las entidades bancarias sabían que los beneficiarios finales de las cuentas eran los hermanos Martinelli Linares. 

Manifestó que el Ministerio Público con el Ministerio de Relaciones Exteriores pagaron cerca de 2 millones de dólares a una firma de abogado para hacer lobbismo ante el Departamento de Estado y Justicia de Estados Unidos para la extradición de Ricardo Martinelli Berrocal. Asegurando que se pagó hasta por masajes en hoteles.