Discusión de contrato minero inicia este lunes, ambientalistas anuncian protestas

Ciudad de Panamá/La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos iniciará, el lunes 21 de agosto, la discusión del proyecto de ley 1043 que aprueba el contrato de Concesión Minera celebrado entre el Estado y Minera Panamá.

En una carta enviada el pasado 16 de agosto a los diputados miembros de la comisión, por parte del presidente de la misma, Roberto Ábrego, indica que el 21 de agosto, a las 2:00pm, se reunirán en el Salón Azul para discutir en primer debate el proyecto.

El polémico contrato minero que ha recibido el rechazo de sectores de la sociedad como ambientalistas, educadores, algunas voces del sector empresarial y residentes de las comunidades que se verán impactadas por la actividad. Pero, también, el respaldo del sector empresarial como el Concejo Nacional de la Empresa Privada.

El contrato, llegó el pasado jueves 3 de agosto al hemiciclo, y en su discusión solo puede ser aprobado o rechazado más no modificado.

Dicho esto, los grupos ambientalistas y sociales han anunciado que este mismo lunes inician las acciones de protesta en contra de la aprobación del mismo.

Los miembros de Alianza Pueblo Unido indicaron que desde las 12:30pm estarán protestando en las afueras de la Asamblea, a estos se les unirá el movimiento Panamá Sin Minería, quienes llegarían al sitio a las 2:00pm, hora en que iniciaría la discusión.

Hay que recordar que, tras un largo pulseo entre el gobierno y la empresa, el 8 de marzo de este 2021, se anunció un acuerdo entre ambos. Luego recibió el rechazo de la población que, al leer lo presentado por el Gobierno, lo han tachado de otro “enclave colonial”, debido a que cede derechos a la empresa Minera Panamá sobre las tierras del Estado.

También, generó preocupación entre los habitantes de la zona donde se dará la explotación, en el sentido de que se habla de una expropiación de tierras si así lo considera necesario la empresa.

Tras esto se realizó una “consulta ciudadana”, no vinculante, para conocer el pensar de la población, pero nada cambiaría.

No obstante, el Gobierno defiende el contrato, asegurando que es mejor al que se tenía anteriormente y que se está garantizando el pago de 345 millones de dólares anuales, y que con esto se podrán aportar mayores recursos al fondo de Invalides, Vejez y Muerte (IVM)