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'Nadie está obligado a facturar electrónicamente', dice el director general de Ingresos

Factura electrónica

A partir de 30 de julio, los únicos que estarían obligados a facturar electrónicamente serían los proveedores del Estado.

Actualmente existen dos investigaciones, que se encuentran en procesos de judicialización y alrededor 100 procesos en Fiscalización Tributaria y de defraudación fiscal.

Director de la DGI sale al paso de polémicas por facturación electrónica

Bajo la premisa de que nadie está obligado a facturar electrónicamente, el director de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, abogó por el sistema de facturación para cobro de impuestos, que impulsó la entidad y que ya está siendo puesto en marcha.

De Gracia sostuvo que, al menos 28 empresas que participaron del plan piloto de este proyecto que inició durante la pasada administración ya facturan electrónicamente y como actual gobierno se le dio seguimiento desde el 2019.

Según el funcionario, actualmente se encuentran en la etapa de voluntariedad, es decir, que aquellos contribuyentes obligados en la República de Panamá, mediante los métodos que se encuentran en la ley, lo pueden hacer.

“En la voluntariedad encontramos que la factura electrónica no lo contemplaba, por lo tanto, teníamos la necesidad de usar una nueva ley que incluyera, dentro de los métodos de facturación la factura electrónica y fue lo que se hizo a través de la norma 256 en colaboración con la Asamblea Nacional”, resaltó al programa Mesa de Periodistas.

Reconoció la situación por la que pasan muchos contribuyentes con el nuevo método, y aclaró que no existe ningún cambio en aumento de impuestos, ni obligaciones que se hayan contemplado; es un método que se suma a los equipos fiscales.

“Los que quieran facturar electrónicamente, lo pueden hacer a través de dos modalidades, del proveedor gratuito que tiene la DGI, que aumentó de 30 a 200 facturas que pueden realizar las profesiones liberales, luego de resolución publicada ayer y también por medio de los proveedores autorizados calificados”, destacó.

Demandas presentadas por el proceso

Sobre el rechazo que ha surgido en gremios como el Colegio Nacional de Abogados sobre el uso de este método, De Gracia manifestó, que ha tenido diálogos con este ente colegiado y reconoció el derecho que tienen los ciudadanos de presentar ante las instancias correspondientes alguna situación en la que crean puedan resultar vulnerados, esto frente a las demandas que han sido presentadas.

Explicó que, a partir de 30 de julio, los únicos que estarían obligados a facturar electrónicamente serían los proveedores del Estado.

De Gracia resaltó que se mantienen en conversaciones con la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), para que próximamente, se pueda implementar una App de facturador gratuito, para que el acceso pueda realizarse sin necesidad de tener internet activo; siendo que, únicamente, en los lugares de no cobertura, la ley establece algunas excepciones.

Acusaciones por evasión de impuestos

En cuanto a las recientes acusaciones vertidas por una diputada en redes sociales, que afirman que las empresas que venden hisopados no pagan impuestos y que el tema de la factura electrónica es un negociado, el funcionario destacó que es respetuoso del derecho constitucional y ciudadano.

“El artículo 722 del Código Fiscal establece limitaciones de confidencialidad en materia de impuesto sobre la renta y otros y en qué momento se puede compartir información”, resaltó.

Añadió que con la factura electrónica se fortalecerán las auditorias y trazabilidad para poder garantizar el respeto al Tesoro Nacional o renta nacional y todas las empresas y personas naturales están obligadas a facturar y presentar renta y otras obligaciones tributarias.

Con relación al tema de las evasiones fiscales, De Gracia reiteró que actualmente existen dos investigaciones, que se encuentran en procesos de judicialización y alrededor 100 procesos en Fiscalización Tributaria y de defraudación fiscal, que en los próximos meses deben estar presentando ante el Tribunal Administrativo Tributario y también ante la Procuraduría General de la Administración.

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