Director de Migración sobre la crisis en Darién: 'No podemos aceptar como bueno lo que es malo'

Migración en Darién

Uno de los objetivos del presidente de la República, José Raúl Mulino, es reducir la migración irregular.

Migración irregular en Darién / AFP

Ciudad de Panamá, Panamá/El director general del Servicio Nacional de Migración, Roger Mojica Rivera,manifestó su preocupación por la situación de los migrantes ilegales que huyen de los problemas sociales, económicos y políticos de sus países. En sus declaraciones, Mojica subrayó la necesidad de abordar la migración irregular con una perspectiva humanitaria, respetando siempre los derechos humanos y cumpliendo con las leyes del país, sin embargo, señaló que continuarán las acciones para frenar esta situación y que se haría bajo las normas legales.

"Es doloroso ver a tantas personas convertirse en migrantes ilegales por huir de los problemas sociales, económicos o políticos de sus países, pero no podemos aceptar como bueno lo que es malo. Como gobierno debemos enfrentar y resolver los problemas nacionales", aseguró Mojica al referirse a la crisis migratoria que enfrenta el gobierno del presidente José Raúl Mulino.

Mojica destacó la importancia de frenar la migración ilegal para evitar problemas en las ciudades, pero enfatizó que esto debe hacerse de manera justa y respetando las leyes.

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Recordó además que hace 14 años se recuperó el Darién de la narco guerrilla colombiana, al tiempo que reafirmó el compromiso del gobierno con un país libre de actividades ilegales que amenacen la seguridad de los panameños. Mojica resaltó que cada país debe resolver sus problemas internos, mientras que a Panamá le corresponde defender su territorio y hacer cumplir sus leyes migratorias.

Cada país debe resolver sus problemas internos, a nosotros nos corresponde defender nuestro territorio y hacer cumplir las leyes migratorias", subrayó Mojica.

En este sentido, el defensor del Pueblo de Colombia, Julio Balanta Mina también se pronunció sobre las cercas puestas en algunos puntos.

"Incrementará las necesidades de protección, dada la afectación a los derechos fundamentales de la población en movilidad humana, las comunidades en tránsito y las colectividades étnicas que perviven en esa zona limítrofe", expresó la Defensoría del Pueblo de Colombia.

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