Finaliza audiencia por caso New Business, jueza se acoge al término y defensa pide sobreseimiento

La jueza Baloisa Marquínez se acogerá a termino de la Ley para dar sus calificaciones sobre la audiencia al expresidente Ricardo Martinelli por el Caso New Business, luego de haber escuchado las alegaciones del fiscal Uris Vargas y el abogado defensor Luis Eduardo Camacho por un término de dos horas.

Lo que se dijo en la audiencia

Este martes 29 de noviembre, finalmente inició la audiencia preliminar por el caso New Business al expresidente de la República, Ricardo Martinelli, por la supuesta comisión del delito contra el orden económico en su modalidad de blanqueo de capitales, tras cinco años de investigación del Ministerio Público.

Cabe resaltar que, esta audiencia inició en enero del presente año, pero el exmandatario no participó por gozar de fuero penal electoral, por lo que hasta ahora, luego de que se hiciera el llamamiento a juicio a los demás imputados, se continúa con la audiencia a Martinelli. 

La jueza Baloisa Marquínez, inició el acto de audiencia aclarándole al abogado defensor que en esta ocasión no hay espacio para incidencias por tratarse de una continuación del acto de audiencia, pero podría interponer sus incidentes una vez la fiscalía culminara con su exposición.

El defensor del expresidente Martinelli es el abogado Luis Eduardo Camacho, hijo, quien también lo ha representado en otras causas penales.

La lectura de la vista fiscal la realizó el fiscal Uris Vargas, quien se ratificó de la vista fiscal presentada por la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada en contra del expresidente Martinelli Berrocal, en la que se solicitó el auto llamamiento a juicio.

Señaló que las actuaciones del expresidente cumplen con las fases que requiere la comisión del delito de blanqueo de capitales, como son las etapas de preparación, colocación, estratificación e integración de capital de origen ilícito.

Según lo que reposa en la vista fiscal, la etapa de preparación inició en el año 2010, cuando el exmandatario requirió a empresarios que contrataban con el Estado un porcentaje del monto de los contratos que suscribiesen con el Estado, esto según lo que indican los testigos que además dicen que el expresidente contactó personalmente a los empresarios.

Entre los testigos hay dos empleados de la empresa FCC, Mike Btesh, Ramón Carretero y el difunto Felipe ‘Pipo’ Virzi, que dieron cuenta del contacto previo que hizo Martinelli a fin de lograr el monto que necesitaba para la compra de Editora Panamá América S.A (Epasa). 

La fase de colocación se dio luego del acercamiento con los contratistas, que después fueron beneficiados con contratos y adendas.

Las empresas beneficiadas fueron: Transcaribe Trading S.A, Excavaciones del Itsmo S.A, Constructora Corcione y Asociados S.A, Lyric Electronics LTD S.A, Financial Pacific INC.

Urbis detalló algunos de los contratos con los que se beneficiaron a estas empresas, entre ellos el Diseño y Construcción para la rehabilitación en ensanche de la Autopista Arraiján-La Chorrera a Transcaribe Trading S.A, que, según el testigo Fecdo 012020 y Fecdo 0102020, el exmadatario contactó a esta empresa para solicitarle aportes y concluir la obra del diario. Posteriormente el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pagó un anticipo por esta obra.

Indicó que el dinero pagado por el MEF fue estratificado a través de sociedades anónimas y al final fueron a parar a la cuenta canasta de New Business Serving Service LTD.

Mientras que a Financial Pacific INC proporcionó 2 millones de dólares a la cuenta New Business Serving Service LTD, violentando las normas del mercado de valores, ya que, no estaba legalmente autorizada para hacer esas contrataciones y la procedencia de los fondos es dudosa.

“Este proceso de estratificación demuestra la trazabilidad del dinero de procedencia ilícita al que se le pretendía dar apariencia de lícitos, porque eso es el blanqueo de capitales, dinero sucio proveniente de delitos”, expresó Vargas.

Una vez obtenidos los fondos se compró el diario Epasa, se crea la sociedad TPAHC INC con el propósito de administrar las acciones de Epasa, donde se certifica que el 60 % de las acciones tiene el control final del expresidente Martinelli y el resto es de Henry Mizrachi. 

La fiscalía sustentó la forma en que Martinelli contactó a los contratistas del Estado panameño para poder concluir la compra de Epasa, además, dio instrucciones para que se diera y colocara la suma de 3 millones de dólares que provenía del pago de un contrato con el Estado.

Agregan que el expresidente Martinelli aportó 11 millones 450 mil dólares a través de la sociedad Ricamar Financial Company, INC; a la cuenta de New Business Serving Service S.A, además, dispuso del primer pago exigido en el contrato para la compra-venta de Epasa por un monto de 5 millones de dólares, resultando beneficiado con esta compra. 

Durante la lectura de la vista fiscal, Vargas hizo un resumen de las indagatorias con algunos colaboradores que han aceptado su participación en la trama, en donde vinculan a los contratistas beneficiados y la forma en que fueron contactados por el exmandatario.

La posición de la defensa de Martinelli

Camacho, inició su turno haciendo referencia a la Ley de Colaboración Eficaz, que según él, se ha usado para extorsionar, coaccionar a testigos, asegurando que demostrará como los supuestos testigos y colaboradores se contradicen.  

Calificó el expediente del Ministerio Público de “bochinches” armados sobre la base de personas que pasaron de ser imputados y salen del caso.

“No comparto el criterio de ilícito, para mí, aquí hay una reunión de comerciantes que se dio para aportar fondos para la adquisición de un medio”, expresó.

Dijo que existen cosas claras que demuestran la falta de objetividad del Ministerio Público, que es usado para perseguir penalmente a una persona por situaciones políticas.

Señaló que, el Ministerio Público adelantó investigaciones contra Martinelli, cuando aún era diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), ya que, esto solo lo podía hacer la Corte Suprema de Justicia, por lo que solicitó el sobreseimiento definitivo.

Recalcó que demostrará que no existe plena prueba de la existencia del hecho punible, tampoco prueba que lo vincule al delito por el que fue imputado.

Agregó que los fondos aportados por Martinelli para la compra del diario no eran ilícitos porque provenían de su pecunio que estaban documentadas en su declaración de bienes al momento de ingresar a la Presidencia de la República y el Ministerio Público nunca dijo que esos dineros eran ilícitos porque no lo son.

Destacó que Martinelli no simuló operaciones, ni ocultó el origen del dinero porque provenían de sus actividades comerciales.

Recalcó que recibir dinero en una cuenta bancaria no es un delito, delito es recibir dinero proveniente de fuentes ilícitas, que a su criterio no existe.

Tachó de fábula la vista fiscal del Ministerio Público, indicando que es irresponsable.

Desmintió que el expresidente haya contactado a Transcaribe Trading, ni a Excavaciones del Istmo S.A.

Continuó dando sus razones por las que a su consideración no pudo existir un delito en las transacciones realizadas para la compra de Epasa, hasta culminar con su intervención reiterando su solicitud de sobreseimiento definitivo para el expresidente Martinelli.  

El fiscal superior Emeldo Márquez, señaló que en las aportaciones realizadas por el expresidente Martinelli serán debatidas en la audiencia de fondos, indicando que la teoría del caso del Ministerio Público se basa en la solicitud a contratistas del 10 % de cada una de las contrataciones adjudicadas para la compra de Epasa. 

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