Denuncia por diputados con doble salario, sin resolver en la Corte Suprema
Más de un año ha transcurrido desde que el abogado Ernesto Cedeño interpuso la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra 29 diputados suplentes por recibir doble salario y aún no hay una respuesta.
La denuncia del jurista estaba sustentada en un informe de la Contraloría General de la República.
Tras recibir una misiva enviada por el contralor de la República Federico Humbert a una solicitud hecha por el jurista el año pasado, Cedeño interpuso la denuncia ante la CSJ, el 13 de julio de 2015.
El abogado dijo durante una entrevista en TVN Noticias que no puede aplaudir que después de un año la CSJ no haya hecho nada.
“Le presenté las pruebas a la Corte porque la Constitución dice que un diputado que recibe doble remuneración debe ceder su curul”, recalcó.
Según Cedeño, “existe una especie de fuero muy especial de una casta llamada diputado”.
La denuncia
Al momento de presentar la demanda ante la Corte el año pasado, el abogado se basó en el artículo 156 de la Constitución Nacional:
"Los Diputados principales y suplentes, cuando estos últimos estén ejerciendo el cargo, no podrán aceptar ningún empleo público remunerado. Si lo hicieren, se producirá la vacante absoluta del cargo de Diputado principal o suplente, según sea el caso".
Según este artículo, se exceptúa a quienes sean nombrados como ministros, viceministros, director general o gerente de entidades autónomas o semiautónomas y agentes diplomáticos, cuya aceptación sólo produce vacante transitoria por el tiempo que desempeñe el cargo.
También se exceptúa el ejercicio de los cargos de maestro o profesor en centros de educación oficial o particular que es compatible con la calidad de diputado.
Cedeño sostuvo que los diputados suplentes reciben doble salarios en entidades como el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, el Ministerio de Obras Públicas, la Autoridad Marítima de Panamá, el Municipio de Arraiján, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación, el Instituto de Mercadeo Agropecuario, entre otros.
Qué piensa la sociedad civil
Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin) dijo a TVN-2.com que esta situación es “inaceptable e insostenible”, no sólo con esa denuncia de los suplentes que obviamente están incumpliendo la ley, aún cuando hay un informe de la Contraloría que lo sustenta, sino también los múltiples casos donde se utilizaron recursos del Estado para proselitismo político investigado por el Tribunal Electoral (TE) y que la CSJ se niega a cumplir con su labor y todos los casos de los diputados de la Asamblea y el Parlamento Centroamericano (Parlacen) que no están avanzando.
Agregó que hay una “tiradera de pelota” entre el TE y la CSJ que no terminan de definir quién tiene la responsabilidad de juzgar a los diputados que usaron fondos públicos para proselitismo político.
“En el proceso lo que impera es la impunidad”, recalcó.
En tanto, Planells manifestó que también es “insostenible” el hecho que los magistrados escojan qué ley van a ir aduciendo por falta de recursos.
“Son lamentables las declaraciones del magistrado presidente de la CSJ José Ayú Prado donde acepta que viola la ley y se ampara en una falta de recursos. Hay una responsabilidad compartida por parte de los nueve magistrados de la Corte como del Gobierno central, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el presidente de la República [Juan Carlos Varela]”, sentenció Planells.
