Caraballo supervisó 'de manera directa' negociación con Denisse Vega y abogados

El procurador general de la Nación encargado, Javier Caraballo, ofreció una conferencia de prensa para dar los detalles y el avance de la investigación por el caso de la vacunación ilegal que se desarrolló en Coco del Mar.

Explicó que luego del análisis de los hechos reportados y tras los allanamientos no se tenían resultados y no se encontraron elementos probatorios. El 9 de junio el Ministerio Público recibió la visita de los abogados de Denisse Vega, dueña del edificio donde se realizaba la jornada, “para expresar el deseo de la persona de colaborar y presentar pruebas”.

Dijo que “ella se presentó y colaboró con la investigación rindiendo de manera voluntaria una entrevista y entregando elementos probatorios”. Sostuvo que hasta ahora no se ha establecido un acuerdo en la señora Vega.

Afirma que no han descartado que se le vayan a formular cargos a ninguna de las personas indiciadas, pero en el Sistema Penal Acusatorio no se pueden hacer imputaciones hasta que se tengan los elementos probatorios necesarios.

Aunque Caraballo dijo no se trató de una reunión secreta, reconoció que consideró importante, que como procurador General de la Nación debía supervisar de manera directa, la negociación que se estaba haciendo para que entregara las pruebas, como la entrevista.

Es bastante común que frente a entrevistas donde se va a hacer una colaboración con la investigación, se reserve hasta que de los resultados esperados", dijo Caraballo.

Ese mismo día de la entrevista, la mujer presentó pruebas que consisten en 10 tarjetas de vacunación, que corresponden a los empleados de su empresa que habían sido vacunados.

También entregó el teléfono celular a fin de que se pudieran extraer todas las comunicaciones que había tenido con la persona que les ofreció las vacunas.

Esa extracción se realizó el mismo 9 de junio. Producto de esa reunión, se logró organizar la realización de diligencias y se pudo establecer que no solo se había desarrollado una sola jornada de vacunación.

Al día siguiente se realizó un allanamiento en la casa de la señora Celine de Esses en la que se recuperaron dos tarjetas de vacunación más. Igualmente, se hicieron otras diligencias en la que se detuvo a Matías Pérez Escudero, quien enfrentó audiencia y se le formularon cargos este domingo 13 de junio.

Caraballo aclaró que la reunión en la procuraduría se dio por deseo de los abogados y la duración de la reunión tuvo que ver con los elementos que iban aportando conforme se desarrollaba la entrevista.

Enfatizó que en los 104 días que tiene en el cargo ha atendido a 54 abogados, por lo que no acepta que se tilde de sospechosa ni de secreta y explicó que no se podían revelar los detalles para que las diligencias de allanamientos no se vieran afectados.

Dijo que la investigación que se realiza es en base a hechos y no a lo que se rumora en las redes sociales.

Se han formulado cargos por la comisión de tres hechos delictivos: estafa, ejercicio ilegal de la profesión de medicina y delito de falsedad ideológica. No obstante, no quiere decir que se hayan descartado otras teorías del caso.

Hasta el momento se ha podido establecer que se han dado dos vacunaciones clandestinas. La primera se desarrolló en la residencia de la Celine de Esses, donde tras recibir un ofrecimiento para ser vacunada a través de un número de WhatsApp denominado Pfizer Vac.

El modus operandi que ofrecía las vacunas era que las ponían a domicilio y le pedían a las personas que les indicaran el sitio en el que se iba a realizar la vacunación, allá se les aplicó al dosis a 15 personas.

Posteriormente, Denisse Vega se entera de la situación y se contacta con Celine de Esses para que la ponga en contacto con las personas que están haciendo las vacunaciones.

Hasta la fecha se han recuperado 12 tarjetas de vacunación. 10 de Vega y 2 de Esses. En las tarjetas se observa que el número de lote no se corresponden con el de las vacunas que fueron introducidos al país, de acuerdo con una entrevista que se le hizo a la coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización, Itzel Hewitt.

Destacó que tras analizar la tarjeta de vacunación se verificó que no corresponden a las que entrega el Ministerio de Salud.

A lo largo de la investigación se ha tomado declaración a entre 9 o 10 personas que fueron vacunadas, la mayoría coincide en que la persona que les puso la vacuna es Matíás Perez Escudero a quien se le han formulado los cargos.

A las personas que se aplicaron las vacunas se les está pidiendo que se apliquen un examen con el Instituto Conmemorativo Gorgas para determinar si se vacunaron contra el COVID-19 o si se les aplicó otra sustancia. Eso se va a permitir determinar si se está frente a un delito de peculado o si se trata de un delito contra la salud pública.