Gobierno anuncia que sacará a los trabajadores de Minera Panamá tras un muerto y 15 casos confirmados
Un total de 298 trabajadores de Minera Panamá serán trasladados fuera de la mina y llevados a un hotel hospital de la provincia de Coclé, donde estarán bajo observación.
La decisión fue anunciada este jueves 8 de abril por la ministra de Salud, Rosario Turner, durante una conferencia de prensa. Añadió que el resto de los colaboradores de la mina serán llevados paulatinamente a sus domicilios.
Para los trabajadores, la acción llega demasiado tarde. El domingo 5 de abril ocurrió la primera muerte por COVID-19 entre los trabajadores de la mina. Falleció Guillermo "Menudo" Saldaña, oriundo de Puerto Armuelles.
Inspecciones posteriores del Ministerio de Salud (Minsa) detectaron un total de 15 casos positivos por el nuevo coronavirus hasta el momento.
Los mineros llevaban semanas alertando a las autoridades, pidiendo que se suspendieran las actividades en la mina de la misma forma que se había decretado el cese de operaciones en la mayoría de las empresas del país. Señalaban que sacar cobre de la tierra no es una actividad indispensable para el país en medio de una pandemia.
En Minera Panamá trabajan alrededor de 2 mil personas. Las condiciones dentro del proyecto minero se prestaban para el contagio del peligroso virus.
Los trabajadores en su mayoría viven dentro de campamentos en el proyecto. Comparten sus habitaciones con otras tres personas. En muchos casos, los compañeros de cuarto trabajan en sectores diferentes del proyecto, en distintos turnos y son oriundos de provincias como Colón, Coclé, Chiriquí, Veraguas y Panamá. Algunos tienen domicilios fuera del proyecto, por lo que entraban y salían.
Cuando el Gobierno Nacional declara estado de emergencia en el país, conceden una excepción especial a Minera Panamá para que siga operando. Establecen un cerco sanitario, pero el trabajo continúa.
Carlos González, del Sindicato de Trabajadores de la Construcción de Minas (STM), contó a TVN Noticias las condiciones dentro del proyecto.
Primero, se les entregaron mascarillas y gel alcoholado. Dentro de los comedores, donde cientos se reunían todos los días, se procuró mantener el distanciamiento social.
Sin embargo, fuera del comedor se formaban largas filas. Y el contacto entre trabajadores de distintos sectores era frecuente. El Sindicato pidió la suspensión de operaciones, pero las autoridades hicieron caso omiso, afirman que se estaban tomando las medidas sanitarias requeridas.
El domingo 5 de abril muere Guillermo Saldaña. Entonces se suspenden las operaciones.
En el proyecto se mantiene un campamento destinado a las personas con posibles síntomas de COVID-19, allí se les mantiene bajo observación.
Saldaña no estaba allí. Cuenta su hijo que incluso tenía un compañero de cuarto en el campamento dónde dormí y que pasaron 13 días hasta que los trasladaron a un hospital.
Infectólogos han descubierto que muchos portadores del coronavirus no muestran síntomas. Esto hace que pasen desapercibidos y puedan contagiar a muchas personas más.
La política del Minsa, siguiendo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es no aplicar pruebas a personas asintomáticas. Esto quiere decir que alguien puede circular con el virus sin saberlo por varios días y contagiar a decenas de personas. En un proyecto minero, que hasta hace poco se mantenía operacional, el riesgo de contagio podría ser muy elevado.
Ahora, los trabajadores esperan ser trasladados fuera de la mina, pasar los períodos de observación necesarios y regresar a sus casas en las distintas provincias.
Su temor ahora es que Minera Panamá, empresa responsable del proyecto, les suspenda el contrato o los fuerce a tomar vacaciones.
La empresa aún no se ha pronunciado sobre el futuro laboral de los trabajadores.
Minera Panamá paga al Estado panameño 2% de sus ingresos. Ese porcentaje representa alrededor de 2 mil millones de dólares en exportaciones.
Su operación ha sido motivo de fuertes polémicas. Por un lado se trata de minería a cielo abierto, lo cual genera un fuerte impacto ecológico. Por el otro, el contrato ley originalmente firmado entre el Estado panameño y Minera Petaquilla S.A. fue declarado inconstitucional en 2018 por la Corte Suprema de Justicia, una decisión que la empresa asegura no afecta el contrato de concesión minera.
