Exrepresentantes compartían modus operandi 'para quedarse' con fondos de la descentralización
En total, Barrios ha atendido los casos de tres juntas comunales y una alcaldía en sus procesos de transición y en estos escenarios, aunque distintos, el modus operandi ha sido el mismo.
Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República José Raúl Mulino puso un plazo de 60 días a los representantes no reelectos y reelectos, para que rindan cuentas y sustenten cómo utilizaron fondos por el orden de $140 millones de la descentralización.
Boris Barrios, exfiscal electoral, en su calidad de abogado, quien ha atendido los casos de tres juntas comunales y una alcaldía en sus procesos de transición, dijo que ha sido muy difícil encontrar los elementos para comprobar las irregularidades en los gobiernos locales de administraciones salientes, pues a simple vista no se lograban detectar.
Para Barrios, "pareciera ser que los exrepresentantes y exalcaldes se comunicaban las técnicas para evadir el control fiscal".
Hacían compras por menos de $2 mil, porque de esa cifra en adelante tenían que pasar un filtro de Contraloría llamado división de bienes. Los fondos no se invirtieron en obras y quedaron en los bolsillos de particulares y de los exrepresentantes.
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Barrios presentó una denuncia formal por irregularidades encontradas en la junta comunal del corregimiento de Las Garzas de Pacora y detalló que la administración pasada de este gobierno local recibió más de $8 millones. Allí, aunque se ha pretendido justificar $7 millones, hay casi un millón que no se logra justificar, afirmó el exfiscal.
Según Barrios, en este caso se alteraron informes contables para justificar gastos y las empresas presentaron cuentas por cobrar de la misma manera para hacerse de los dineros del Estado.
El exrepresentante incluso se valió de dictar una resolución, pretendiendo justificarse por siniestros y otros acontecimientos naturales que nunca sucedieron
En total, Barrios ha atendido los casos de tres juntas comunales y una alcaldía en sus procesos de transición y en estos escenarios, aunque distintos, el modus operandi ha sido el mismo: simulación de contratos que nunca se hicieron efectivos y compra de bienes que nunca se hicieron.
Las irregularidades fueron presuntamente perpetradas en asocio con empresas locales, para efectos de simular los contratos y compras, con el fin de justificar desembolsos que nunca se hicieron, y superan los millones de dólares.