El Rey Vicente Fernández
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¿Qué juntas comunales y alcaldías están siendo investigadas por mal uso de fondos de descentralización?
Fondos de la descentralización
Diligencias en juntas comunales y alcaldías ¿se han confirmado delitos?
Ciudad de Panamá, Panamá/En las últimas semanas se ha visto a la Fiscalía Electoral desarrollar una serie de diligencias como parte de trabajos de investigación, para confirmar si hubo o no usos de fondos públicos en actividades electorales.
Juan Carlos Pérez, abogado de la Fiscalía Electoral, confirmó que sobre este delito del uso ilegitimo de bienes y recursos del Estado se han recibido más de 20 denuncias, que involucran tanto a juntas comunales como alcaldías, y en efecto van giradas a la utilización de bienes para favorecer o perjudicar candidatos de partidos políticos.
Los casos no solo abarcan temas de dinero, sino otros aspectos que engloban el patrimonio del Estado. Así las cosas, se han dividido entre dos grupos grandes de denuncias: las vinculada con la descentralización y sus fondos y el uso general de fondos del Estado.
Las diligencias se han efectuado de manera simultánea en Azuero, Veraguas, Chiriquí, Panamá y San Miguelito. Ahondó que en la ciudad se han intervenido juntas comunales en Curundú, Juan Díaz y Belisario Porras en San Miguelito.
En tanto en Azuero se hicieron diligencias en las juntas comunales de Portobelillo, Municipio de Parita, Monagrillo, Bahía Onda, Los Santos y el distrito de La Villa (cabecera). En Veraguas se investigó a la junta comunal de Canto del Llano y Rodrigo Luque.
Yendo a Chiriquí y Bocas del Toro se intervino a las alcaldías de Boquerón y Almirante.
“Este es un fenómeno que no solo se repite en la provincia de Panamá, sino también en todas y cada una de las áreas del país
Común denominador
El común denominador de dichas denuncias es que algunas versan sobre actos de campaña, entrega de bienes o dinero que, según los denunciantes tienen procedencia pública. En otros casos, se trata de autoridades que están aspirando a la reelección.
Pérez recordó que el uso de carros del Estado para llevar a personas a concentraciones políticas está prohibido , al igual que para trasladar propagandas a través de estos vehículos.
Pagar propagandas con el uso de fondos estatales y obligar a funcionarios a participar de eventos políticos, son acciones que también están prohibidos por la ley.
