Derogar la Ley 406 'no es jurídicamente viable', respuesta del Procurador al Ejecutivo

Ciudad de Panamá/El ministro de Gobierno, Roger Tejeda señaló en conferencia de prensa que, tras las consideraciones emitidas por el procurador de la Administración, Rigoberto González, sobre la posible alternativa de derogar la Ley 406 que estable el contrato entre el Estado y Minera Panamá, el procurador concluyó que no es jurídicamente viable, toda vez que ello excedería los límites de la función legislativa atribuida a la Asamblea Nacional de Diputados.

Entre sus razones, González señaló el numeral 15 del artículo 159 de la Carta Magna de la República de Panamá, por lo cual se circunscribe exclusivamente al control político previo de las atenciones de la administración pública en esta materia específica sobre la aprobación o rechazo de un contrato previamente negociado y acordado por el Órgano Ejecutivo, en ejercicio de sus funciones administrativas tal como lo establece y reconoce la Constitución.

La respuesta del procurador llega luego que grupos magisteriales y sindicales hicieran llegar al presidente Laurentino Cortizo una solicitud para derogar el llamado contrato minero, aprobado y posteriormente sancionado el pasado 20 de octubre. Frente a esa solicitud, el Ejecutivo envió una misiva al procurador de la Administración para que emitiera sus consideraciones sobre la viabilidad de la derogatoria de la ley.

La opinión de González, leída por el Ministro Tejada, concluye sugiriendo que lo correcto ahora es esperar el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406.

El próximo 22 y 23 de noviembre concluye la fase de alegatos de las dos primeras demandas de inconstitucionalidad presentadas por los abogados Juan Ramón Sevillano Martita Cornejo respectivamente ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la Ley 406. Luego de finalizado este proceso, el pleno de la Corte se reunirá en sesión permanente a partir de este viernes 24 de noviembre para emitir un fallo que definirá la relación contractual entre el Estado y Minera Panamá.

Pese al rechazo de la sociedad organizada, grupos ambientalistas, sindicatos y profesionales de todas las ramas, el contrato ley con Minera Panamá fue autorizado, presentado, debatido y sancionado de manera "expedita" en solo 10 días, lo que desató una crisis social como pocas se recuerdan en la historia reciente de Panamá con masivas protestas y cierres de calles a nivel nacional que han provocado un duro golpe a la economía del país.