¿Qué acciones legales se podrían realizar contra el contrato minero? Abogado explica

Panamá/Por tercer día consecutivo se registran jornadas de protestas, cierres de calles a nivel nacional y enfrentamientos entre unidades de control de multitudes de la Policía Nacional y los manifestantes.

La situación ya está afectando el abastecimiento de alimentos, de combustible y gas licuado. El sector económico e industrial advierte que se pierden millones de dólares por cada día de protestas.

Los diferentes grupos sociales que se manifiestan en las calles solicitan la derogación de la Ley 406 que aprueba la concesión minera entre el Estado y la empresa Minera Panamá, no obstante, el abogado y analista político Rodrigo Noriega, explicó a Noticias AM las razones por las que la vía de la derogación no es posible.

Noriega señaló que, quienes aprobaron el contrato minero fueron radicales al violar los protocolos legales y de la constitución, fue un contrato inconsulto y sin licitación pública permitiendo a empresas extranjeras tener dominio sobre territorio panameño. 

El abogado explicó que, el contrato por ser una ley no puede ser derogado unilateralmente por el gobierno.

"Es decir, ya el Estado panameño desde el propio viernes que se publicó en Gaceta Oficial, este contrato entró en vigencia y tienen obligaciones del Estado para con la Minera. Esto significa que, si Panamá deroga esto unilateralmente en la Asamblea Nacional, el arbitraje y la demanda que nos viene tiene tantos ceros que no se enseña en las clases de matemáticas”, explicó. 

Demandas de inconstitucionalidad

La solución según el analista es presentar una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia y demandar el contrato y el proceso de aprobación de este. De esta forma, se estaría sacando nuevamente de la vida jurídica como se ha hecho en ocasiones anteriores.

Hay que respetar la ley y la constitución panameña cosa que no han hecho ninguno de los últimos tres gobiernos en materia de minera”.

Explicó que, en el año 1998, el abogado Juan Ramón Sevilla, presentó una demanda de inconstitucionalidad la cual fue fallada en el año 2017, es decir 19 años después, en ese sentido, Noriega indicó que espera que estos casos se decidan en menos tiempo.

Si se da el caso en el que se declara la inconstitucionalidad, el próximo año, el gobierno de turno, entraría nuevamente en un punto cero de proceso judicial con la empresa minera.

La minera tiene que entender que aquí hay Estado de Derecho o hay minería”.

Pago de jubilados

En el día de ayer, el presidente Laurentino Cortizo se dirigió, al país en un mensaje en cadena nacional y señaló que, la aprobación del contrato brindará múltiples beneficios al país como el pago de $350.00 dólares como mínimo a los jubilados.

Según dijo, será a partir del 20 de noviembre de este año, el aumento para los 120 mil 315 jubilados y jubiladas que reciben menos de $350.00 dólares al mes.

Además, indicó que se destinan $190 millones anuales por los próximos 20 años para el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS).

En base a lo anterior, el abogado explicó que, en la cláusula 19 del contrato Ley 406 del 20 de octubre de 2023, establece que la empresa pagará 30 días después de la entregada en vigencia del contrato y deberá pagar $395 millones de los años que no pagó nada y además, deberá pagar regalías, impuestos de lo que corresponde a este año, lo que corresponde a aproximadamente $770 millones en total.

Sin embargo, también se explica en el contrato, que la minera puede cerrar por 4 años, en cada tramo de 20 años y los siguientes 20 años también pueden cerrar por 4 años. Durante ese período de cierre, si la empresa minera se acoge al término de ley, el dinero que se está asegurando para el programa IVM y para los jubilados saldrá de los impuestos de la población y no de Minera Panamá.

Es una falacia decir que todo el tiempo este aumento de jubilados lo pagará la minera. Va a haber años en que no van a pagar, va haber años en que van a pagar muchísimo menos y va haber años en que van a cerrar la mina".

También indicó que, no se necesitaban los dineros de la mina para hacer el aumento a los jubilados, sino que se pudo utilizar fondos de la descentralización y realizar un aumento a $500 dólares con fondos propios.

Recordemos que, este año en una investigación periodística, se reveló que la Autoridad de Descentralización había desviado más de $200 millones de dólares a juntas comunales, en su mayoría, presididas por el partido PRD previo a las elecciones primarias. 

Moratoria minera

El analista detalló a Noticias AM que, actualmente a nivel nacional hay 15 concesiones mineras y hay más de 100 solicitudes de exploración minera desde Río Sereno en Chiriquí hasta Panamá Oeste.

En ese sentido, solicitó a los políticos que se extienda una moratoria minera a nivel nacional ya que actualmente la única ley de moratoria que existe es la Ley 11 del 2012 que prohíbe la minería metálica y no metálica en la comarca Ngäbe Buglé.

El país no aguanta una mina más".

El abogado señaló que, desde la Asamblea Nacional se deben promover leyes que prohíban la minería metálica y no metálica a cielo abierto, ya que Panamá a través de sus ministerios no tiene los recursos para fiscalizar operaciones mineras de grandes empresas multinacionales como Minera Panamá.

New Business

En el día de ayer, el Tribunal Superior de Liquidación confirmó una condena en segunda instancia al expresidente Ricardo Martinelli a 108 meses de prisión por el caso New Business.

El fallo del 24 de octubre de 2023, también confirman la condena de prisión contra Daniel Ochy, Janeth Vásquez, Iván Arrocha Chevaliert y Valentín Martínez Vásquez por el delito de blanqueo de capitales.

Actualmente, Martinelli es candidato a la presidencia por el partido Realizando Metas, esta condena implica que podría quedar inhabilitado para las elecciones generales del 2024.

Noriega indicó que, en este momento los abogados del expresidente deben notificarse de la resolución y luego presentarán los recursos de casación en la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.

Las magistradas de esa sala, decidirán si, si admiten o no el caso lo que puede tardar dos o tres meses, es decir, quizás puede ser para finales de enero que se conozca si admiten el recursos de casación.

Si se diera el caso, en el que las magistradas no admiten el recurso casación, en ese momento, el exmandatario quedaría inhabilitado en sus candidaturas de elección popular. Explicó que, el recurso de casación es un recurso extraordinario que no es admitido para todos los ciudadanos.