Derogar contrato minero también afectaría económicamente a la población, aseguró director de la DGI

Ciudad de Panamá/Publio De Gracia, director general de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), abordó la situación que se vive actualmente sobre las implicaciones y repercusiones que tendría la derogación del contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá.

Desde el punto de vista económico, De Gracia considera que es "10 veces mejor que el ya se había negociado en 1997" y que fue declarado inconstitucional. 

Han pasado nueve días desde que el país inició un movimiento nacional para solicitar al Gobierno Nacional que se derogue la Ley 406 que adopta el contrato entre la empresa Minera Panamá y el Estado. Hace dos días, el presidente de la República Laurentino Cortizo, anunció que se presentaría un proyecto de ley en la Asamblea Nacional para que el pueblo elija a través de una consulta popular si se deroga o no el contrato.

Dicho proyecto ya fue presentado en el día de ayer por su ministro de Gobierno, Roger Tejada, a través de este, se convoca al Tribunal Electoral para que coordine y realice el referéndum. La pregunta que irá en las papelas según indicó Tejada, es referente y explícitamente a si se debe derogar si o no el contrato.

Desde el gobierno, los ministros de Comercio e Industrias, de Gobierno y de Ambiente, han señalado que las implicaciones económicas que tendrían el fin del contrato serían negativas para el país, reconociendo que la empresa ha invertido más de 8 mil millones de dólares y que emplea directamente a unos 7 mil empleados. 

También Cortizo, había anunciado en cadena nacional que a partir del 20 de noviembre del presente año, se haría efectivo el pago a los jubilados que cobran menos de $350 dólares mensuales. Dicho aumento proviene de los dineros que tiene que pagar la empresa al Estado que son, $395 millones de dólares.

Al respecto, De Gracia asegura que el contrato hasta que se decida lo contrario, sigue en vigencia, no obstante, señaló que las afectaciones económicas no solo serían para el gobierno, sino también para toda la población.

En el día de ayer, el ministro de Gobierno aseguró que, si el contrato se derogaba las finanzas del Estado podrían quedar gravemente afectadas y que podría implicar en una "quiebra técnica". Sin embargo, el titular de la DGI no dio mayores detalles sobre las cifras exactas sobre las afirmaciones realizadas por Tejada.

Para el director general de Ingresos (DGI), es importante que la población conozca que el proyecto Cobre Panamá ya está en marcha, que tiene impactos ambientes que arrastran desde hace 20 años y que emplean a miles de personas de forma directa e indirecta.

En ese sentido, la Caja de Seguro Social (CSS), también mencionó que el proyecto de Cobre Panamá es una de las empresas que mayores aportes realiza al Seguro Social.

Demandas

Al referirse a las demandas de inconstitucionalidad que fueron presentadas ante la Corte Suprema de Justicia y que ya se admitieron dos de las tres presentadas, De Gracia señaló que, hay varios 'constitucionalistas que afirman que el contrato no es inconstitucional', destacó que el mismo fue redactado por abogados nacionales e internacionales. En ese mismo orden de ideas, en la Asamblea Nacional, el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, sustentó que el costo de la redacción para el proceso de negociación con la empresa, fue de más de $5 millones de dólares.

Hasta ahora, la Corte Suprema no se ha pronunciado al respecto, y se espera que emitan su fallo de si es constitucional o no, porque según los expertos, si se declara que el contrato es inconstitucional, sería la solución de Panamá para poder iniciar un nuevo proceso de negociación y que se hagan todas las consultas que se deben hacer.

De Gracia finalizó agregó que, los ingresos que entrarán de la mina son 10 veces más de lo que ya se había pactado anteriormente y que estos, deberán cumplir con los pagos pactados hasta que se decida se si deroga o no el contrato.

Reconoció la importancia de que hay cosas que se pueden hacer mejor y se que están buscando todas las vías posibles para llegar a un consenso y encontrar una solución que salve las oportunidades y las finanzas del Estado.