Departamento de Estado de EEUU publica informe sobre los derechos humanos en Panamá

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este martes 30 de marzo un informe sobre los Derechos Humanos en Panamá.

El documento denuncia, entre otras cosas, impunidad entre los organismos de seguridad, relación entre pandillas y grupos evangélicos dentro de las cárceles, corrupción, ataques contra periodistas, violencia contra la mujer, y discriminación contra personas LGBTI.

"La impunidad entre las fuerzas de seguridad existe debido a débiles mecanismos de control interno para conducta y cumplimiento", señala el reporte. "El gobierno raramente hace públicos los casos de abuso o corrupción, y la Dirección Nacional de Estadísticas Criminales fue incapaz de proveer data sólida sobre asuntos internos policivos, haciendo difícil medir la extensión de la impunidad".

Por otra parte, se señala que las condiciones dentro de los centros penitenciarios son difíciles debido al sobreconfinamieno, seguridad interna insuficiente, falta de guardias de seguridad y servicios médicos y sanitarios inadecuados.

El informe destaca la influencia de pastores evangélicos.

"Pastores evangélicos y líderes de pandillas mantienen un estricto control de los pabellones dentro de las prisiones. Dos Organizaciones No Gubernamentales (ONGS) reportaron favoritismo percibido hacia reclusos evangélicos autodenominados líderes de los pabellones".

Destaca el documento, que esta "corrupción" permite a privados de libertad recibir privilegios, incluyendo el pago de coimas.

En materia judicial, el Departamento de Estado resaltó que la falta de condenas criminales por cargos de corrupción apoya la opinión pública de que el sistema es susceptible a influencias corruptoras internas y externas.

También se se incluye atentados contra la libertad de expresión.

Específicamente se mencionan las demandas presentadas por la diputada Zulay Rodríguez contra Mauricio Valenzuela por presunta violencia de género, y las declaraciones del diputado Sergio Gálvez quien aprovechó su inmunidad en el pleno legislativo para calificar al comentarista Edwin Cabrera de tener problemas de alcoholismo y ser un pedófilo homosexual sin que puedan presentarse acciones legales en su contra por defamación.

En esta misma línea destacó el secuestro de 1.8 millones de dólares a Corprensa por el expresidente Ernesto Pérez Balladares.

En el tema de solicitudes de asilo, el informe apunta a que la Oficina Nacional para Refugiados (ONPAR) tiene más de 15 mil casos pendientes, de los que suele aprobar alrededor del 1%.

Solo los solicitantes de asilo que hayan sido admitidos dentro del proceso (que suele tomar de 2 a 3 años) tienen el derecho de aplicar a un empleo en el país.

La situación fue crítica en las estaciones migratorias de Darién, donde el reporte señala que al menos una no contaba con acceso regular a agua potable y mantenía condiciones no sanitarias con altos volúmenes de migrantes.

Se reportó también que se le negó acceso a la educación a niños y se le denegó la entrega de diplomas por no poder presentar registros escolares de su país de origen.

Sobre discriminación por género, Estados Unidos observó la denuncia presentada contra el diputado Arquesio Arias, quien fue acusada por varias mujeres de Guna Yala de abuso sexual.

Recalcaron que según cifras del Ministerio Público, se reportaron 12,540 nuevos casos de violencia doméstica (a octubre de 2020), incluyendo 24 femicidios y 3 intentos de femicidios.

El informe menciona que en agosto, una piloto del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) presentó una queja criminal por acoso sexual contra su supervisor. El Ministerio Público abrió una investigación y ordenó al Senan transferir a cuatro personas a diferentes oficinas.

El hombre acusado de acoso fue transferido a otro departamento, mientras que la mujer que presentó la queja fue removida de todas sus asignaciones y relegada a sentarse en una esquina sin una mesa.

El reporte añade que las mujeres debían pedir llaves para poder usar los baños, mientras que el baño de los hombres permanecía abierto a todas horas.

"La ley prohíbe discriminación basada en género, pero la ley no fue aplicada. Por ejemplo, Senan permitió a pilotos mujeres volar solo como copilotos, mientras que hombres con menos experiencia podían volar como pilotos principales sin restricciones", señala el documento.

En temas de discapacidad, se reporta que la mayoría de buses de la Ciudad de Panamá no son accesibles para sillas de rueda y que los elevadores del Metro de Panamá se encuentran frecuentemente bloqueados e inhabilitados para su uso. Detallan que faltan rampas en estaciones viejas del Metro y que algunos comercios no cumplen con las especificaciones de tamaño requeridas para las rampas y estacionamientos de personas con discapacidad.

"Algunos colegios públicos admitieron niños con discapacidad mental o física, pero la mayoría no cuenta con facilidades adecuadas para niños con discapacidades. Pocas escuelas privadas aceptaron niños con discapacidad porque la ley no requiere que lo hagan. El alto costo de contratar tutores profesionales para acompañar a los niños a escuelas privadas - requisito que piden los colegios privados - excluyó a muchos estudiantes con discapacidad de asistir".

El Departamento de Estado manifestó que durante la pandemia se denunció acoso por parte de fuerzas de seguridad públicas y privadas contra personas LGBTI. Enfatizó que la cuarentena por género afectó desproporcionadamente a las personas transgénero, ya que no se identifican con el sexo biológico que aparece en su cédula.

"Personas transgénero eran señaladas singularmente por policías y agentes de seguridad, en algunos casos fueron arrestadas, acosadas, y multadas o bloqueadas al comprar víveres durante sus horas asignadas. La discriminación por parte de las fuerzas de seguridad ocurrió sin importar si trataban de salir en los días asignados por su género biológico o su identidad transgénero".

Se apunta además que la ley panameña no prohíbe la discriminación basada en orientación sexual, y que este tipo de discriminación muchas veces lleva a la exclusión de oportunidades laborales.

El Departamento de Estado anunció que realizará una adenda a este reporte para mediados del 2021 en el que ampliará sobre los derechos reproductivos de las mujeres.

Mira el documento completo aquí.