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Defensoría reconoce que hay ‘explosión social’ y pide al Gobierno se 'restablezca la paz’

Defensoría del Pueblo en las protestas
Defensoría del Pueblo en las protestas

Ciudad de Panamá/La Defensoría del Pueblo emitió este martes 14 de noviembre un comunicado, donde reconoció la "explosión social que estamos experimentando", lo que refleja preocupaciones y desafíos significativos en la sociedad e hizo una solicitud especial al Gobierno.

"En estos momentos de profunda agitación social y crisis económica, la Defensoría del Pueblo solicita al gobierno nacional que restablezca de manera inmediata, las garantías fundamentales que De Facto, hoy no puede gozar la población tales como: a la vida e integridad física, libertad, acceso a la salud, seguridad alimentaria, trabajo, educación, libertad de prensa, libre tránsito, propiedad privada; así como el derecho a la protesta pacífica, en cumplimiento de los mecanismos de protección que la Constitución Política de la República de Panamá, los convenios internacionales y las leyes le faculten", señala la entidad.

"La manifestación es un derecho legítimo e individual, la cual debe ser realizada a conciencia, pacíficamente y con responsabilidad, sin menoscabar los derechos de terceras personas; así como, el respeto a la propiedad pública y privada".

"Esta institución rechaza todo acto de violencia, amenaza, vandalismo, mensajes de odio que deslegitime la esencia de la protesta pacífica. Abogamos a que se realice un acercamiento con todos los sectores de la sociedad, que lleve a soluciones pacíficas y sostenibles, que devuelvan de manera urgente el orden público y la paz social; respetando el Estado de Derecho que tiene que prevalecer en la democracia", solicitó.

Este martes 14 de noviembre, el país tiene más de 20 días de protestas a nivel nacional por la entrada en vigencia del contrato-ley minero aprobado el pasado 20 de octubre.

El rechazo al acuerdo entre el Estado y la empresa Minera Panamá provocó que miles de ciudadanos de todas partes del país salieran a las calles para exigir la derogación de la Ley 406 que aprueba este contrato, lo que ha impactado fuertemente la economía del país y se estima que a la fecha, se han perdido más de 200 millones de dólares diarios. 

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