Detención provisional para exfuncionario del Órgano Judicial por falsificar documento para liberar a convicto por drogas

Ciudad de Panamá, Panamá/La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Hiroko Tinoco Naranjo, dictó este viernes 8 de noviembre la detención provisional de un hombre de 29 años, acusado de la presunta comisión de los delitos de falsificación de documentos, en su modalidad de alteración de instrumentos públicos, y por delitos relacionados con la seguridad colectiva, específicamente en el ámbito del narcotráfico.

La audiencia de control de garantías, llevada a cabo en la mañana del viernes, permitió escuchar los argumentos de las partes involucradas.

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Tras evaluar los riesgos procesales, la jueza determinó que las medidas cautelares eran necesarias y proporcionales al caso, debido a los riesgos de peligro para la comunidad y la víctima, además de que los delitos imputados afectaban la credibilidad de un poder del Estado, lo que complicaba aún más la situación del imputado.

Durante la audiencia, también se formalizó la legalización de la aprehensión del acusado y se procedió a la formulación de los cargos en su contra, lo cual fue solicitado por la fiscal anticorrupción, Xenia Lezcano.

En ese sentido, la defensa técnica anunció la interposición de un recurso de apelación contra la medida cautelar impuesta, lo que llevará el caso ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial el próximo viernes 22 de noviembre a las 10:00 a.m., en la sede de Plaza Fortuna.

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La causa penal en cuestión se originó a principios de septiembre de 2024, cuando se presentó una denuncia por presuntas irregularidades en un oficio firmado por un juez de cumplimiento.

En dicho documento, se ordenaba la libertad de un individuo condenado por intentar introducir sustancias ilícitas en un centro carcelario, lo que desencadenó la investigación y los cargos ahora presentados.

Este caso pone en evidencia la gravedad de los delitos relacionados con la falsificación de documentos oficiales y su vinculación con el crimen organizado, reflejando el compromiso de las autoridades judiciales por asegurar el debido proceso y la lucha contra la corrupción en Panamá.