Decretan arresto domiciliario para dos médicos por blanqueo de capitales contra Programa de Atención a Veteranos

Ciudad de Panamá, Panamá/Luego de que el Gobierno de los Estados Unidos presentara una querella por medio de una forma de abogados, la Fiscalía Segunda Superior de Delitos contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público llevó ante un Juez de Garantías a 2 médicos neurocirujanos y una abogada, por su presunta vinculación a los delitos de estafa calificada y blanqueo de capitales.

Las investigaciones por este caso datan de hace 8 meses. Se estima un perjuicio de al menos 1,044,921 dólares al programa de atención médica para veteranos en el extranjero.

El programa en Panamá está enfocado para veteranos residentes en el país. Se presume que estas personas estarían emitiendo facturas falsas de consultas médicas a estas personas, mismas a las que se le presentaron estas facturas que fueron recibidas en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y dijeron desconocer.

Al momento de verificar estos documentos, los veteranos no reconocían algunas de estas atenciones que presuntamente se les brindaron en Panamá. Como resultado de la audiencia, la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Marisol Ortiz, decretó la medida cautelar personal de retención domiciliaria, disposición laboral en la provincia de Panamá y Colón y prohibición de salida del país para ambos médicos.

Además, se les imputó cargos por la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, y por el delito contra el patrimonio económico en la modalidad de estafa simple y estafa agravada.

Se les permitirá continuar ejerciendo su profesión en el territorio nacional, con excepción de la provincia de Chiriquí. En el caso de la abogada, esta fue puesta en libertad dado que no se le imputaron cargos.

La jueza basó su decisión de imponer estas medidas luego de analizar los argumentos presentados por las partes y por la existencia de riesgos procesales tales como peligro de fuga, desatención del proceso y peligro para la comunidad por la naturaleza grave del delito. 

De acuerdo con la entidad, desde 2016 hasta 2021 el departamento de Tesoro habría pagado cerca de 67 millones de dólares a través de este programa. En este acto de audiencia participó la fiscal Sandy Cedeño y Vidalma Lopéz, mientras que los imputados estuvieron representados por defensores técnicos particulares, quienes al igual que el Ministerio Público anunciaron recurso de apelación contra la medida cautelar impuesta.

La audiencia para resolver este recurso quedó programada para el próximo 21 de agosto, a las 8:30 a.m., ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.  

Con información de Meredith Serracín