Declaratoria de una moratoria minera: ¿Qué implicaciones tendría?

Ciudad de Panamá, Panamá/En los últimos días se ha desarrollado una serie de manifestaciones y cierres de calle en oposición al contrato minero. Entre las peticiones de los manifestantes se encuentra la declaratoria de una moratoria minera y un fallo de inconstitucionalidad contra este contrato por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como una de las salidas a este contrato.

“¿Por qué una moratoria? Porque eso nos daría una garantía a quienes están manifestándose por el tema del ambiente y la afectación al ecosistema sobre todo en el área del corredor biológico mesoamericano en donde Panamá tiene una riqueza de flora y fauna que es necesaria para nuestra propia supervivencia y protegernos de todo el calentamiento global con sus manifestaciones de cambio climático”, señaló la exprocuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez.

De acuerdo con Gómez, la declaración de una moratoria es una iniciativa que cuenta la Asamblea Nacional y que puede realizar de forma indistinta al Órgano Ejecutivo. Agregó que antes se hablaba de exploración porque no se tenía conocimiento de cuántos yacimientos contaba Panamá ni que tan ricos eran estos y que ahora se sabe que existen yacimientos de minerales metálicos prácticamente desde Bocas del Toro hasta Darién.

No somos un país de vocación minera por lo estrecho de nuestro territorio, es decir, no hay tal cosa como la posibilidad de una explotación que es otra etapa. No hay posibilidades de que en esta cintura tan estrecha no haya afectaciones a los ecosistemas que nos ponga a debatirnos, por ejemplo, las reservas hídricas sobre el agua que pueda requerir para su funcionamiento futuro del Canal de Panamá. Ese futuro no se puede prever así de fácil”, manifestó Gómez.

Sobre las propuestas para declarar una moratoria minera, Gómez indicó que ella presentó una iniciativa, sin embarga, esa solo se prohijó.

“Ya hay una presentada por el Centro de Incidencia Ambiental. Cualquier diputado la puede convertir en un proyecto de Ley viable y sugeriría que por la vía de la Comisión de Ambiente. Es falso que solo la Comisión de Comercio pueda debatir esto. Una Ley debe ser calificada primero”, explicó.

Agregó que un punto que no se encontraba en el contrato minero de 1997 y es que ahora se tiene conocimiento de que otros Gobiernos extranjeros se encuentran como parte de accionistas con esta empresa minera.

“La constitución también permite que el Órgano Ejecutivo le pida facultades legislativas a la Asamblea Nacional y mediante un decreto Ley también podría hacerlo el presidente de la República de Panamá y cumplir con la norma constitucional y llevarlo a la Asamblea tan pronto vuelva el periodo ordinario de esta”, aclaró.

Según Gómez, una de las soluciones a esta actual situación es contar con otro fallo de la CSJ que incluya los nuevos puntos porque eso protege al país de una demanda internacional.

“Para protegernos, vamos a hacerlo de la mejor manera. Necesitamos que la CSJ se pronuncie de manera oportuna. No solo es lo que va a decir, sino cuándo. No podemos esperar años, no es necesario. Como se han repetido los vicios del 2017, reiterados en 2021, resulta un poco más fácil para la Corte. También habría que ver si la corte considera que los artículos que han sido demandados son realmente los que violan la Constitución”, expresó.