'La declaración jurada es necesaria en Panamá', afirma el abogado Rodrigo Noriega

El abogado Rodrigo Noriega analizó en Mesa de Periodistas, entre otros temas, la nueva Ley de Conflicto de Intereses propuesta por el diputado Gabriel Silva.

El proyecto de ley sobre los conflictos de intereses busca específicamente establecer una declaración jurada de intereses particulares obligatoria.

La misma consiste en que todo aquel funcionario de mando y jurisdicción, como los de elección popular, al igual que aquellas personas particulares que mantengan contratos con el Estado, deberán realizar una declaración jurada anual sobre sus intereses particulares.

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) será la institución encargada de recibir estas declaraciones además de realizar las respectivas investigaciones administrativas de forma aleatoria, así como a su vez, recibir aquellas denuncias que se realicen en los casos que así lo ameriten.

En Panamá, hasta el momento, no existe una unificación entre las instituciones en cuanto a este tema. Es por ello que al momento de realizar estas auditorías es complicado el proceso debido a la falta de capacidad investigativa por parte de la institución.

Según el abogado Noriega, la declaración jurada es necesaria, debido a que la misma no es pública, a excepción de ciertos casos, por lo que se requiere que el gobierno deje a un lado las excusas del pasado y brinde más transparencia en la materia.

El proyecto de ley dentro de sus descripciones, contempla que, en el caso de no presentarse la declaración u omitirse información al momento de presentarse, se establecerá una multa de hasta seis meses de salario.

Sin embargo, en el caso de violar las normas establecidas, estas pueden tener una sanción de destitución del cargo, además de incluir las sanciones penales que esta situación conlleva.

Noriega, resaltó que este tipo de leyes son una ventaja para nuestro país gracias a que la misma presenta una transparencia que le permitirá salir de las listas grises internacionales.

Se espera que, en las próximas semanas, el presidente de la República, Laurentino Cortizo se pronuncie respecto a este proyecto de ley, ya sea en el caso de sancionarla o vetarla. En caso de no pronunciarse o realizarse alguna modificación deberá proceder con la respectiva firma de forma inmediata.

Caso Odebrecht

Por otra parte, Noriega señaló varios puntos importantes sobre el caso Odebrecht, así como las sanciones que podrían recibir los imputados dentro del mismo.

Agregó que, según lo establecido en el artículo 51 del Código Penal, existe una serie de sanciones que se podrían tomar ante las personas jurídicas dependiendo de la gravedad del delito, así como su cooperación dentro del caso.

Entre las mismas, se encuentra una multa que equivale a dos veces el monto del delito, la disolución de la personería jurídica si incurre mas de dos veces en estos delitos criminales, ordenar cambio de directiva, supervisión a la personería por parte de un administrador judicial, entre otros.

Noriega señaló que, en relación con el caso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli dentro de este proceso, las pruebas suministras por sus hijos al momento de ser enjuiciados en Estados Unidos pueden ser utilizadas por la fiscalía.

En este caso, la fiscalía debe decidir si utiliza estas pruebas dentro del mismo caso, o por el contrario, abrir un nuevo proceso en contra del expresidente con estas nuevas pruebas.

Adicionalmente, dijo que es inadmisible que las instituciones financieras reguladoras no fueran capaces de percatarse de este delito debido a la obligatoriedad de mantener una cuenta bancaria por cada empresa, en donde deben ser verificadas ante movimientos bancarios sospechosos.